Fuerza Ciudadana presentó recusación contra los cuatro magistrados de la Sección Quinta que anularon la elección del gobernador del Magdalena, alegando impedimentos y animadversión contra su movimiento político.
Tras la reciente anulación de la elección del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, por parte del Consejo de Estado, comenzaron a presentarse las primeras acciones legales en contra de esa decisión. En un movimiento anunciado previamente por el partido Fuerza Ciudadana, se radicó una recusación formal contra los cuatro magistrados que integran la Sección Quinta de esa alta corte, con el objetivo de que se declaren impedidos para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra el polémico fallo.
Los recusados son los magistrados Gloria María Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Ómar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil, quienes fueron los encargados de declarar la nulidad de la elección del mandatario departamental. Según el documento radicado por Martínez y respaldado por su colectividad, estos togados “se encuentran impedidos para resolver las solicitudes de aclaración y adición, así como del incidente de nulidad procesal contra la sentencia del 8 de mayo de 2025”.
En el texto de la recusación se argumenta que los magistrados Álvarez, Barreto y Vanegas ya habían participado en una sentencia previa contra Fuerza Ciudadana, relacionada con la nulidad de la personería jurídica de dicho partido, lo cual los convertiría en jueces no imparciales para actuar en este nuevo proceso que afecta directamente a esa colectividad. En el caso de la magistrada Gómez Montoya, se alega que también estaría impedida por haber sido ponente en un proceso anterior, relacionado directamente con el medio de control de nulidad electoral radicado bajo el número 11001-03-28-000-2023-00113-00.
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La acusación más fuerte que se desprende de la recusación es la presunta existencia de una animadversión manifiesta de los magistrados hacia el partido Fuerza Ciudadana y su máximo representante regional, Rafael Martínez. “Los magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado tienen una abierta animadversión contra el suscrito y Fuerza Ciudadana, por tratarse de un movimiento político alternativo y minoritario con una plataforma ideológica y programática de izquierda”, afirma el texto presentado ante el alto tribunal.
Como prueba de esa supuesta falta de imparcialidad, los recusantes destacan dos elementos clave. En primer lugar, se hace mención a una “serie de decisiones judiciales que ha adoptado siempre en contra de esta agrupación política y sus militantes y elegidos, incluyéndome”, dice Martínez. En segundo lugar, se denuncia un “doble rasero” por parte de la Sección Quinta al fallar procesos por doble militancia, alegando que en su caso se aplicó una interpretación prohibitiva, mientras que en casos similares como los de los gobernadores de Tolima, Boyacá y Meta, las demandas fueron negadas con una visión permisiva.
Con base en estos argumentos, el partido Fuerza Ciudadana solicita que los cuatro magistrados se abstengan de emitir cualquier pronunciamiento adicional mientras se resuelve esta recusación, lo que también podría impedir que quede en firme la decisión de anular la elección de Rafael Martínez hasta que se zanje el debate sobre los presuntos impedimentos.
Esta estrategia jurídica representa un nuevo capítulo en la batalla que enfrenta el movimiento político de izquierda con sectores del establecimiento, en especial dentro de la justicia contenciosa administrativa. En reiteradas ocasiones, tanto Martínez como otros miembros de Fuerza Ciudadana han denunciado lo que consideran una “persecución sistemática” desde distintas instancias del poder judicial, alegando que se les aplica un trato desigual frente a partidos tradicionales o coaliciones oficialistas.
Mientras tanto, el Consejo de Estado deberá resolver si los argumentos presentados son suficientes para apartar a los cuatro magistrados del caso y designar a nuevos jueces que estudien los recursos. De ser aceptada la recusación, el proceso podría alargarse y abrir un compás de espera en torno al futuro político del Magdalena, departamento que sigue sin un rumbo claro tras la controvertida decisión judicial.
La situación genera incertidumbre no solo en el ámbito regional, sino también en el panorama político nacional, ya que Fuerza Ciudadana ha sido una de las agrupaciones más críticas del sistema judicial y uno de los pocos movimientos independientes con vocería departamental. El resultado de este nuevo proceso será determinante para establecer si existe o no una garantía plena de debido proceso, imparcialidad judicial y equidad política en Colombia.
Y.A.
