El reconocido sacerdote Hernando Fagid Álvarez Yacub enfrentará cargos penales por su presunto actuar irregular en la administración del Cementerio San Miguel de Santa Marta, un lugar que, más allá de albergar recuerdos, ahora también carga con un proceso judicial de alto perfil.
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará al religioso por los delitos de administración desleal, fraude procesal y falsedad en documento privado. La audiencia fue fijada para el próximo 5 de junio a las 10:00 a. m., según confirmó el bufete Duque & Asociados, que representa a la Fundación Juan Pablo Segundo, la entidad que reclama ser la legítima administradora del camposanto.
El padre Fagid, quien en su momento fue representante legal de la fundación creada por la Diócesis de Santa Marta, habría mantenido el control del cementerio sin respaldo jurídico, según las denuncias. Esto habría generado afectaciones a los actuales reclamantes del terreno, quienes exigen que se respete la titularidad legal de la fundación.
La controversia ha encendido las alarmas no solo en el ámbito judicial, sino también en el religioso. Lo que parecía un diferendo institucional ahora se convierte en un caso penal con potencial impacto reputacional para la Iglesia local.
La comunidad samaria está dividida: unos piden respeto y prudencia hasta que hable la justicia, mientras otros exigen respuestas claras sobre el manejo del patrimonio espiritual y social de la ciudad.
El caso pone en la mira el manejo de bienes eclesiásticos y la delgada línea entre la fe y la legalidad.
