Preocupación por posibles alzas tarifarias y desvío del suministro esencial reavivan el debate energético en Colombia.
El presidente Gustavo Petro anunció que su administración aplicará un nuevo régimen de control para frenar irregularidades en la comercialización del gas natural. La decisión surge tras detectar que algunas empresas estarían redirigiendo el gas destinado al consumo residencial hacia la generación de energía eléctrica, una práctica que, según el mandatario, representa una grave infracción.
“Estamos frente a un fenómeno de especulación energética. Se adquiere gas con destino a los hogares y se desvía para obtener mayores ingresos vendiéndolo a plantas termoeléctricas”, denunció el presidente, al tiempo que aseguró que se iniciarán sanciones que van desde multas hasta la intervención directa de las compañías que reincidan en estas prácticas.
El anuncio se da en medio de una creciente tensión en el panorama energético nacional. Estudios recientes alertan sobre una posible alza en las tarifas del gas si el país aumenta su dependencia de fuentes importadas. Un informe de Fedesarrollo advierte que el impacto podría alcanzar hasta un 45,8% de incremento en ciudades clave como Medellín, Bogotá y Barranquilla hacia 2026.
A la par, se intensifica el debate por la propuesta del Ejecutivo de establecer una tarifa única para el transporte del gas. La iniciativa ha generado resistencia entre empresarios del Caribe, quienes temen que la medida encarezca el servicio en esa región.
También se suman críticas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), que ha expresado su preocupación frente a las decisiones del gobierno en materia de importación de gas, señalando que podrían afectar la estabilidad del sistema y el bolsillo de los usuarios.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la prioridad es proteger el acceso equitativo al gas como bien esencial, y frenar los intereses especulativos que, según señala, han comenzado a distorsionar el objetivo social del servicio público.
