Una seria vulneración a la seguridad nacional quedó al descubierto tras confirmarse que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, lograron acceder a información confidencial del Ejército Nacional en el departamento del Cauca. El hecho involucra el hackeo de teléfonos celulares de uniformados y el robo físico de documentos estratégicos durante enfrentamientos.
Según información revelada a un medio nacional, la unidad comprometida es el Batallón de Infantería n.º 7 General José Hilario López, desplegada para combatir a la estructura criminal Jaime Martínez. Los insurgentes habrían interceptado cédulas, órdenes de operación, mapas de patrullaje, radiogramas y hasta informes diarios de consumo de munición.
Al parecer parte de esta información fue extraída mediante el hackeo a dispositivos móviles, mientras que otro volumen fue tomado directamente durante combates en terreno.
De acuerdo con fuentes consultadas, los uniformados utilizaban sus celulares personales para coordinar operaciones a través de aplicaciones como WhatsApp, debido a la obsolescencia de los equipos oficiales de radiocomunicación. Esta improvisada solución violaba protocolos de seguridad y dejó al descubierto información sensible.
Uno de los documentos sustraídos, identificado como la Orden de Operaciones n.º 40, detallaba una ofensiva militar de 15 días contra las disidencias, liderada por la compañía Báltico 1. Además, se encontró un acta de consumo de munición que incluía los nombres, cédulas, firmas y huellas dactilares de ocho soldados, así como un mapa de rutas ilegales y una revista interna de inteligencia militar.
En los archivos robados también figuraba el Plan de Contrainteligencia de la base militar de Inzá, Cauca, diseñado para garantizar la seguridad de las instalaciones. La posesión de esta información por parte de grupos armados ilegales representa un alto riesgo para la integridad de las tropas y la efectividad de las operaciones militares en la región.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar abrieron investigaciones contra la unidad afectada, luego de conocerse presuntas coordinaciones entre militares y civiles armados en la zona de Ortega, Cauca. En audios y chats revelados recientemente, se escuchan conversaciones entre el general Federico Mejía y líderes comunitarios armados, lo que podría agravar aún más la situación institucional.
Hasta el momento, el alto mando militar no ha confirmado quejas formales relacionadas con el robo de información, aunque reconocen la magnitud de la filtración.
Este nuevo escándalo se suma a una serie de cuestionamientos sobre las capacidades logísticas del Ejército en zonas de alta confrontación y evidencia la urgente necesidad de reforzar la seguridad de las comunicaciones operativas.
