La Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso que adelantó el Tribunal Administrativo del Quindío y que, en fallo de primera instancia, ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que en un término de máximo tres meses expida la reglamentación correspondiente a la conformación, funcionamiento y articulación de los Consejos de Agua.
La Procuraduría Delegada de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios adujo que el pasado 4 de octubre de 2024 envió una comunicación a la cartera para identificar el avance real del proceso, y la respuesta obtenida y la verificación de las etapas que se han surtido evidenció los retrasos e incumplimientos en los plazos inicialmente fijados para dar cumplimiento a lo pactado.
El Tribunal de la capital del departamento destacó en su decisión el rol del Ministerio Público e indicó en el fallo lo señalado por el Ente de control a propósito de que “existe una obligación de hacer incumplida sometida a un plazo perentorio e improrrogable, a lo que se suma que la improcedencia por gasto no aplica en virtud de que se trata de producir un reglamento y no de ejecutar lo reglamentado”.
Finalmente se corroboró que actualmente el proceso de reglamentación mencionado se encuentra en curso, pero no está consolidado, por lo que existe un deber legal que sigue incumplido, hecho que genera renuencia por parte del Ministerio, que tendrá 90 días para expedir la normatividad, ya que la inexistencia de la reglamentación hace ineficaz la norma legal, al no ser posible su aplicación material.
