La dimisión de Buitrago fue oficializada mediante decreto tras acusaciones de injerencias de altos funcionarios; el presidente Petro desmintió los señalamientos y aseguró que fue él quien solicitó su salida.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro aceptó oficialmente la renuncia de Ángela María Buitrago como ministra de Justicia, en medio de un nuevo capítulo de tensiones internas dentro del gabinete. La salida de la funcionaria, que apenas llevaba nueve meses al frente de la cartera, fue confirmada por medio del decreto 0529 de 2025, firmado por el ministro delegatario con funciones presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Buitrago había asumido el liderazgo del Ministerio de Justicia en julio de 2024, en reemplazo de Néstor Osuna, y su renuncia se produce en un contexto de alta fricción institucional, marcado por denuncias que involucran al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.
La exministra, reconocida por su trayectoria como abogada penalista y exfiscal del caso del Palacio de Justicia, argumentó en su carta de dimisión que su decisión respondía a “intentos de injerencia” en las funciones del Ministerio. “Hoy he decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia y las diversas personas, puesto que en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo”, expresó en su comunicación oficial.
Sin embargo, desde Shanghái, donde adelanta una visita oficial, el presidente Gustavo Petro desestimó dichas acusaciones y aseguró que la salida de Buitrago fue una decisión directa suya. “La razón fundamental de su salida es porque yo le pedí la renuncia”, declaró el mandatario a medios. “Por unas razones que tienen que ver con que hay un conflicto con unos ejes fundamentales de mi política de paz, que no puedo dejar avanzar, ni siquiera un día, y en esa medida pedí la renuncia. No tiene que ver con nada más”, añadió.
Petro también quiso cerrar el episodio agradeciendo el trabajo de Buitrago durante su paso por el ministerio, y recordó que había sido incluida en la terna para fiscal general de la Nación, de la cual resultó electa Luz Adriana Camargo. En ese mismo contexto, negó categóricamente que existieran presiones indebidas por parte de Benedetti o Rodríguez: “No hay que acusar gente inocente, el responsable soy yo”.
Además, el jefe de Estado planteó la necesidad de repensar profundamente el funcionamiento del sistema carcelario en el país. “Creo que el INPEC y las entidades alrededor del sistema carcelario deben variar sustancialmente, porque indudablemente tenemos una quiebra de derechos humanos dentro de las cárceles y se necesita otra mentalidad diferente para solucionarla”, subrayó.
El Gobierno designó como ministro encargado de Justicia a Augusto Alfonso Ocampo Camacho, actual secretario jurídico de la Presidencia. Su papel será clave mientras se define el nombre del reemplazo definitivo para liderar esta cartera estratégica en momentos donde las reformas a la justicia y los esfuerzos por implementar una paz total ocupan la primera línea de la agenda nacional.
Este nuevo episodio marca una nueva fisura dentro del equipo de Gobierno, que ya ha visto la salida de varios ministros en menos de tres años de mandato. La dimisión de Buitrago revive los cuestionamientos sobre la capacidad del Ejecutivo para mantener la cohesión y el rumbo de sus políticas fundamentales, especialmente en sectores tan sensibles como el de la justicia transicional, el sistema penitenciario y la paz total.
Por su parte, sectores de oposición aprovecharon el hecho para criticar lo que consideran un ambiente tóxico dentro del gabinete, mientras que otros actores políticos han pedido que se investiguen a fondo las acusaciones de presunta injerencia.
La salida de Buitrago, aunque presentada por el presidente como una decisión estratégica, deja preguntas abiertas sobre la autonomía de las carteras, el peso de los conflictos internos en la gobernabilidad y la forma en que el Gobierno responde ante las crisis políticas.
Y.A.
