Entre lágrimas y con la voz quebrada por la angustia, María Isabel Munera González, madre del patrullero Ricardo Andrade —conocido como el “Policía Samario”—, alzó un clamoroso llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga de manera urgente en la Policía Metropolitana de Santa Marta. Durante un plantón realizado frente al comando policial de Bureche, Munera denunció lo que considera una persecución institucional contra su hijo.
“Santa Marta ama a mi hijo. Samarios, ayúdenme, no me dejen sola. Mi hijo es un buen policía”, expresó, antes de sufrir un quebranto de salud que obligó a su traslado a una clínica de la ciudad.
La manifestación fue respaldada por Reilis, esposa del patrullero, y por ciudadanos que apoyan su labor como uniformado. Andrade es ampliamente reconocido en redes sociales por su contenido educativo dirigido a la ciudadanía, especialmente a motociclistas, promoviendo la convivencia y el respeto a las normas.
Traslados, señalamientos y una investigación polémica
Según sus familiares, el patrullero ha sido trasladado tres veces en menos de seis meses y actualmente se encuentra en la Isla de San Andrés, lejos de su lugar de residencia y sin explicaciones claras. Denuncian que estos cambios se deben a represalias por su trabajo visible y comprometido, que ha ganado el apoyo de la comunidad pero, aparentemente, incomodado a algunos sectores dentro de la institución.
Uno de los hechos más sensibles es la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por un video grabado junto a un menor de edad. Sin embargo, tanto el niño como su madre estuvieron presentes en la protesta y aseguraron haber autorizado la grabación. “Nunca estuvimos en desacuerdo con el video. Fue un contenido sano y con buenas intenciones”, declararon.
Exigen respuestas y respaldo institucional
La familia de Andrade exige un pronunciamiento oficial por parte del coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, y reclama que se respete el buen nombre y la trayectoria de un funcionario que, según ellos, está siendo castigado por ejercer su labor con ética y cercanía a la comunidad.
“Lo único que ha hecho es servir, educar y acercar a la gente a la Policía. Y eso, al parecer, le ha costado caro”, dijo su esposa, visiblemente afectada.
Mientras tanto, ciudadanos en redes sociales se han sumado al apoyo con mensajes de respaldo al patrullero y críticas hacia el silencio institucional. El caso sigue generando debate sobre el manejo interno en la Policía y los límites de la visibilidad pública en el ejercicio de la función policial.
