La comunidad del Catatumbo denuncia violaciones al Derecho Internacional Humanitario tras un nuevo ataque armado en la vereda 20 de Julio, zona rural del municipio de Tibú, en medio de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.
En medio de la creciente ola de violencia que azota al Catatumbo, un nuevo episodio de barbarie estremeció al país. Un ataque con drones cargados de explosivos en la vereda 20 de Julio, zona rural del municipio de Tibú, dejó como saldo la muerte de un niño de 12 años y al menos diez personas heridas. El hecho ocurrió en la vía que comunica con el municipio de El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, en el contexto del conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las FARC que se libra en la región desde hace más de cuatro meses.
La víctima mortal fue identificada como Luis Antonio Aragón Vaca, un menor campesino que, según relatos locales, se encontraba junto a su madre, Marli Floredis Aragón Vaca, quien también resultó herida. El impacto del ataque ha conmocionado a la comunidad y a las organizaciones sociales que desde hace años denuncian la vulnerabilidad de la población civil atrapada entre dos fuegos.
Uno de los pronunciamientos más contundentes vino de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), que mediante un comunicado expresó su rechazo al uso de tecnología militar en territorios civiles. «La Asociación Campesina del Catatumbo denuncia con profunda consternación el asesinato de Luis Antonio Aragón Vaca, campesino de 12 años, y a su madre, Marli Floredis Aragón Vaca, quien resultó herida, en este hecho ocurrido en la vereda 20 de Julio del municipio de Tibú», señala el documento.
La ASCAMCAT atribuye el hecho a las disidencias de las FARC, específicamente al frente 33, en medio de enfrentamientos con el ELN. La organización recalca que “esta acción terrorista viola flagrantemente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, ya que la utilización de drones en áreas civiles pone en riesgo la vida de personas inocentes, especialmente niños y niñas, y causa daños irreparables a las comunidades afectadas”.
Los nombres de los heridos revelan el alcance de la tragedia: Edgar Giovanny Contreras, Flor María Contreras, Leonardo Estiven Garavito, Jeiler Jhoan Contreras, Maryury Raquel Ortega, Deisy Girenis Contreras, Roque Julio Ortega, Jhoana Vargas, Dainer Ortega, Daira Julieth Ortega y Dayly Giret Ortega. Todos ellos miembros de la misma comunidad, que no solo compartieron el suelo donde sembraban sus cultivos, sino también el horror de una explosión inesperada.
La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos ha manifestado su “profunda preocupación” ante el constante deterioro de la situación humanitaria en el Catatumbo. Según cifras del Puesto de Mando Unificado, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado, hasta la fecha, 127 muertes violentas, 66.459 desplazados y cerca de 11.490 personas en situación de confinamiento.
Estos datos reflejan el drama de miles de familias que, como la de Luis Antonio Aragón Vaca, ven truncados sus sueños y su cotidianidad por la violencia sin tregua. La población civil, en su mayoría campesina, ha sido utilizada como escudo humano, sin que haya una respuesta efectiva del Estado para garantizar su seguridad y derechos fundamentales.
Mientras tanto, el país observa con alarma cómo el uso de tecnología bélica como los drones —antes impensable en la guerra irregular— se convierte en una nueva amenaza para zonas ya castigadas por el abandono institucional. La presencia activa de grupos armados ilegales, sumada a la debilidad del aparato estatal, convierte al Catatumbo en uno de los territorios más críticos del mapa del conflicto colombiano.
La exigencia de las comunidades es clara: cese inmediato de hostilidades, protección efectiva de la población civil y una intervención estatal real que detenga el ciclo de sangre. La vida de niños como Luis Antonio no puede seguir siendo el precio que se paga por la indiferencia y la guerra sin fin.
La muerte de este menor y las heridas de su madre y vecinos no deben convertirse en una estadística más. Son una alerta urgente que interpela a las autoridades, al Gobierno Nacional y a los actores armados a responder con acciones y no con discursos frente al drama humanitario del Catatumbo.
Y.A.
