La crisis institucional que atraviesa la Universidad Autónoma del Caribe ha encendido las alarmas entre sus trabajadores. El sindicato SintraUAC manifestó su preocupación por una posible transformación jurídica que, según aseguran, estaría promoviendo la rectoría con el fin de convertir la universidad en una entidad pública, lo cual generó inquietud en la comunidad educativa.
La advertencia se dio durante una asamblea desarrollada esta semana, en la que la presidenta del sindicato, Nataly Álvarez, cuestionó el manejo administrativo y la falta de información concreta sobre las decisiones que se están tomando. Según indicó, el actual rector Jorge Senior habría planteado esa posibilidad como parte de las alternativas para enfrentar la difícil situación financiera que atraviesa la institución.
Uno de los hechos que agrava el escenario es el reciente fallo judicial que ordena a la universidad devolver cuatro de sus sedes al Banco Davivienda, tras incumplimientos en el pago de un leasing por más de 5.570 millones de pesos. La medida judicial ha dejado en vilo a la comunidad académica, que aún no recibe explicaciones claras sobre el impacto que esto tendrá en la operación institucional.
“Lo que nos preocupa no es solo la falta de claridad, sino la forma en la que se ha manejado todo. Se lanzan ideas como cambiar el carácter jurídico de la universidad o vender activos, pero sin transparencia ni consenso”, señaló Álvarez durante la intervención.
De igual forma, la dirigente sindical criticó que, mientras se plantea desmontar beneficios laborales como parte de un ajuste presupuestal, no haya voluntad de revisar los altos costos administrativos ni de reducir los sueldos de la alta dirección. También denunció la presunta existencia de bienes registrados a nombre de directivos, como parqueaderos, lo que para ella contradice cualquier discurso de austeridad.
Otro de los puntos que genera desconfianza es el poco avance en los procesos judiciales por presuntas irregularidades ocurridas en años anteriores. A pesar de las denuncias que rodearon la administración del exrector Ramsés Vargas, Álvarez aseguró que hasta ahora ningún proceso penal ha prosperado.
Frente al panorama actual, el sindicato exigió a las autoridades nacionales una intervención más decidida, que garantice la estabilidad de la universidad y el respeto por los derechos laborales. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo entre estudiantes, docentes y empleados, que esperan respuestas concretas frente al futuro de la institución.
