Secretario del Senado denuncia intimidaciones tras ser acusado por el Gobierno de fraude en votación de consulta popular

Diego González, secretario del Senado, rechaza acusaciones de fraude y denuncia amenazas en su contra.

Diego González, secretario general del Senado, desmintió haber cometido irregularidades en el conteo de votos que llevaron al hundimiento de la consulta popular. Las acusaciones han derivado en insultos e intimidaciones en su contra, mientras el ministro del Interior anuncia acciones legales.

El ambiente político en el país se ha tensionado luego del hundimiento de la consulta popular en la plenaria del Senado, hecho que ha generado una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y miembros del Congreso. En el centro del debate se encuentra Diego González, secretario general del Senado, quien ha sido blanco de señalamientos, acusaciones de fraude y, más recientemente, intimidaciones personales.

Según reveló el propio funcionario, ha recibido una serie de insultos y mensajes amenazantes, luego de que el Gobierno lo acusara de haber cometido irregularidades durante el conteo y certificación de los votos que definieron el destino de la consulta. “Es falso que yo haya cometido alguna irregularidad”, aseguró González, al rechazar categóricamente cualquier insinuación de mal proceder.

Las acusaciones provienen, principalmente, del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no solo ha elevado el tono de la discusión, sino que ha calificado como “malandrines” a González y al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Además, anunció que presentará denuncias penales ante la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría contra ambos, en lo que considera una actuación fraudulenta para impedir la aprobación de la consulta.

Vamos a acudir a todas las instancias legales para que se investigue el posible fraude en el conteo de los votos”, expresó Benedetti durante una rueda de prensa, visiblemente molesto por el resultado en la plenaria.

Estas declaraciones han tenido consecuencias más allá del ámbito político y jurídico. Según informó el propio Diego González, desde que se difundieron las acusaciones, ha recibido mensajes cargados de odio y amenazas personales. Entre los textos que circularon en redes sociales y canales privados, se encuentran frases como: “Eres un hipócrita y mal nacido. Cómo es posible negar la votación que es necesaria para nuestro pueblo y trabajadores del país”, o incluso mensajes con contenido religioso y punitivo como: “Dios castigue tu acto y mala fe”.

Frente a esta situación, González manifestó su preocupación por el nivel de agresividad que han tomado los ataques y aseguró que, pese a todo, no tiene intenciones por ahora de responder legalmente a Benedetti. “Las declaraciones del ministro son temerarias, pero tengo la conciencia tranquila. No voy a entablar acciones judiciales en este momento”, sostuvo.

En medio del cruce de acusaciones, algunos sectores del Congreso han expresado su respaldo al secretario. Desde bancadas de oposición y de centro, se ha pedido que el respeto por las instituciones y los procedimientos democráticos prevalezca por encima de los intereses políticos. De hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre el tema, pidiendo sensatez frente al resultado y defendiendo el papel de las instituciones: “Es momento de actuar con responsabilidad. La democracia se construye con argumentos, no con amenazas ni acusaciones sin fundamento”.

La consulta popular, que había sido impulsada con fuerza por el Gobierno, fue vista por algunos sectores como una herramienta para respaldar su agenda de reformas estructurales. No obstante, su hundimiento en la plenaria del Senado se convirtió en un duro revés político. Aunque desde el Ejecutivo se asegura que hubo maniobras irregulares, en el Congreso afirman que el proceso se ajustó estrictamente a las normas y que los votos no alcanzaron el umbral requerido.

El caso ha encendido un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, agravando una ya compleja relación institucional. Para analistas políticos, este episodio refleja no solo la dificultad del Gobierno para conseguir mayorías legislativas, sino también el creciente nivel de polarización política y hostigamiento contra funcionarios que no se alinean con sus intereses.

En un contexto donde las redes sociales amplifican el discurso público, lo ocurrido con González evidencia la urgencia de fortalecer canales de diálogo y resolver las diferencias políticas mediante el debate democrático, y no mediante el señalamiento y la descalificación personal.

Por ahora, el país espera que las acciones legales anunciadas por el Gobierno sigan el curso institucional correspondiente y que se respete la presunción de legalidad de los actos legislativos. Entretanto, Diego González continúa desempeñando sus funciones en el Senado, pese a lo que considera una “campaña de desprestigio” en su contra.

Y.A.