Se requiere mejor infraestructura eléctrica y tarifas pagables
El pasado 8 de abril se realizó un importante Panel de Expertos sobre tarifas eléctricas en la Casa de la Cultura La Perla de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, del cual podemos extraer propuestas para encarar el atraso tecnológico del sector eléctrico y las tarifas impagables en la región Caribe. Algunas conclusiones del referido Panel son: el gobierno nacional se ha quedado en anuncios, la política tarifaria está lesionando a usuarios residenciales, empresariales y oficiales, la titularización para pagar la opción tarifaria no requiere ninguna ley sino voluntad política, hay que fortalecer el Fondo Empresarial de la Superservicios para apalancar las empresas intervenidas, los paneles solares no son la solución a corto plazo, la Costa debe tener tarifas diferenciales por razones climáticas y tener la mayor pobreza del país, entre las principales.
Para mejorar la obsoleta infraestructura eléctrica y tener tarifas pagables en la Costa Atlántica, se deben tomar como base las inversiones requeridas para el periodo 2020- 2030 de 8.7 billones estimadas por el Decreto Presidencial 042 de 2020, recursos que no fueron contemplados por el gobierno de la época sino por las nuevas empresas que reemplazaron a Electricaribe, las cuales solo han ejecutado $4.3 billones entre 2020 y 2025, $3 billones Afipia (1) y $1,3 billones AIR-E (2), faltando la bicoca de $4,4 billones para las inversiones entre 2025 y 2030. La Liga Nacional de Usuarios en el Caribe propone las siguientes fuentes de financiación para acometer las cuantiosas inversiones, porque el problema a todas luces es de recursos.
Primero. Recursos públicos autorizados por el artículo 248 del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobiemo, que determina el pago del subsidio del FOES a los usuarios de las áreas especiales, «así como la financiación de soluciones energéticas con Fuentes No convencionales de Energía- FNCER -que cubran las necesidades básicas de energía eléctrica de dichas zonas …priorizando a mercados con mayores pérdidas, entre ellos el régimen tarifario especial de la región Caribe”.
Segundo. Recursos públicos autorizados por la Ley 142 de 1994, artículo 87.9 que dice “las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios”.
Tercero. Fondo de Regalías Mineras, autorizado por el parágrafo primero de las leyes 318 y 373 de los Planes de Desarrollo de Iván Duque y Gustavo Petro, que dice que se
puede utilizar parte de estos recursos para infraestructura eléctrica en la región Caribe, sin subirlas tarifas. Sería con proyectos de carácter regional, que hoy no existen.
Cuarto. Con recursos de los mismos usuarios de las áreas especiales a quienes Electricaribe (Gas Natural Fenosa) entre los años 2011 y 2016, se les embolsilló miles de millones de pesos del subsidio FOES y que un fallo fiscal de la Contraloría General de la República ordenó a Electricaribe en Liquidación devolver más de $500.000 millones de pesos y que parte considerable de los mismos fueron devueltos y están en manos del Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (según oficio recibido por la Liga de Usuarios del Caribe), pero que esos recursos no se los han devuelto a sus verdaderos dueños que son más de 300.000 familias de las más pobres de la Costa.
Ponemos en consideración estas propuestas, todas con presunción de legalidad, para ser discutidas y avaladas en encuentros con fuerzas vivas de la región y llevadas a una mesa de concertación con autoridades nacionales y territoriales.
