El órgano de control investiga posibles irregularidades disciplinarias en la sesión del 14 de mayo de 2025, tras el polémico hundimiento del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este jueves la apertura de una indagación previa para investigar los hechos ocurridos durante la votación de la consulta popular en el Senado de la República, el pasado 14 de mayo de 2025. Esta medida busca establecer posibles responsabilidades disciplinarias en el marco de un proceso que ha generado controversia y acusaciones de fraude tras el polémico hundimiento de la iniciativa en el Congreso.
De acuerdo con un comunicado oficial, la Procuraduría fundamenta esta investigación en el artículo 208 del Código General Disciplinario, cuyo propósito es “aclarar si durante la votación de la consulta popular y la resolución de la apelación sobre el archivo de la reforma laboral se presentaron hechos con relevancia disciplinaria”. Esto apunta a verificar la integridad del proceso y a garantizar que los procedimientos parlamentarios se hayan realizado conforme a la ley.
El caso ha sido objeto de un intenso debate público desde que la consulta popular fue rechazada en el Senado, lo que provocó múltiples señalamientos, principalmente desde sectores opositores y parte del Gobierno, que denunciaron posibles irregularidades en el conteo y la certificación de los votos. En ese contexto, la Procuraduría decidió intervenir para establecer con claridad las responsabilidades que pudieran existir.
Para cumplir con esta labor, el Ministerio Público ordenó practicar una inspección disciplinaria a la Secretaría del Senado de la República con el fin de recopilar toda la documentación relacionada con la sesión plenaria del 14 de mayo. Esta acción busca tener un expediente completo y detallado que permita un análisis riguroso y objetivo de los hechos.
En este sentido, fue comisionado Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, profesional adscrito a la Sala Disciplinaria de Instrucción, para realizar las pruebas y diligencias necesarias dentro del proceso disciplinario. Su misión es allegar toda la evidencia que sirva para esclarecer el desarrollo y resultado de la votación, en medio de un ambiente político cargado de tensiones.
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció públicamente en torno a la controversia, haciendo un llamado a la ciudadanía para que acate la decisión tomada por el Senado en relación con la consulta popular. Eljach señaló que, a pesar del rechazo, quedan abiertas otras vías institucionales para tramitar los temas relacionados con la reforma laboral, uno de los puntos centrales de la consulta.
“Es deber de todos los colombianos acatar la decisión del Senado en relación con la propuesta de consulta popular presentada por el Gobierno nacional el pasado 1° de mayo. Es pertinente anotar que quedan abiertas vías institucionales para tramitar los temas de reforma laboral sobre los que versaba ese proyecto de consulta”, expresó el Procurador.
Además, hizo un llamado a la tranquilidad pública, exhortando a la sociedad a evitar reacciones desmedidas o confrontaciones, luego de los hechos ocurridos en el Congreso y la amenaza de represalias por parte del Gobierno de Gustavo Petro, que ha anunciado acciones legales y políticas tras el hundimiento de la consulta.
Este episodio se da en un contexto de creciente polarización política en Colombia, donde las iniciativas de reforma, como la reforma laboral propuesta y sometida a consulta, han generado un amplio debate nacional. La consulta popular fue vista por el Gobierno como un mecanismo para legitimar reformas clave, mientras que la oposición cuestionó su viabilidad y el procedimiento parlamentario.
La apertura de la indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación pretende aportar transparencia y justicia, contribuyendo a despejar las dudas y restaurar la confianza en las instituciones. El proceso disciplinario puede derivar en sanciones para quienes se determinen responsables de irregularidades, o en su defecto, validar la actuación de los funcionarios involucrados.
Hasta ahora, el Congreso y el Senado mantienen una postura firme sobre la legitimidad del proceso, aunque la tensión política no cesa. Los sectores críticos han insistido en la necesidad de una revisión exhaustiva para garantizar que no se hayan cometido fraudes o manipulaciones en el conteo de votos y la certificación de resultados.
El proceso de indagación disciplinaria tendrá, por tanto, un papel fundamental para definir el rumbo de este caso y su impacto político. La sociedad colombiana observa con atención, pues esta decisión del ente de control puede sentar un precedente sobre la forma en que se manejan las controversias electorales y legislativas en el país.
En definitiva, la actuación de la Procuraduría subraya la importancia de la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio del poder público, especialmente en momentos críticos para la democracia, cuando las decisiones del Congreso afectan directamente el rumbo político y social del país.
Y.A.
