Horas después de que el Senado de la República negara la realización de una consulta popular impulsada por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde China, donde adelanta una agenda diplomática. En su mensaje, solicitó al Congreso volver a votar la iniciativa, una propuesta que ha generado controversia por su aparente inviabilidad jurídica.
“No esperamos al año entrante. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia… llegó la hora del pueblo”, expresó Petro en una alocución presidencial difundida por redes sociales.
Sin embargo, constitucionalistas y analistas políticos han advertido que, tras la decisión del Senado, no es legalmente posible volver a votar la misma propuesta en el actual periodo legislativo. Según el exembajador Roy Barreras, la única opción viable sería que el Gobierno radique una nueva iniciativa en la próxima legislatura, en julio de 2025, siempre y cuando la reforma laboral sea nuevamente archivada.
Durante su intervención, el presidente también hizo un llamado a la movilización ciudadana mediante cabildos abiertos en todo el país. «Reunámonos en todas las plazas del país. La respuesta será tranquila, alegre, sin violencia. Pero será contundente», dijo. Asimismo, pidió no recurrir a actos violentos y aseguró que «como jefe de las Fuerzas Militares y policiales del país, la orden es no levantar una sola arma contra el pueblo».
Petro también criticó duramente la actuación del Congreso: “Mal mensaje el que ha dado una parte del Senado y su presidente, Efraín Cepeda. La respuesta será del pueblo”.
El mandatario alternó su tono moderado en la alocución con mensajes más fuertes en sus redes sociales. En X (antes Twitter), escribió: “Tuvieron que sacar a un convicto de la cárcel para votar y ni aun así ganaron. Que viva la consulta popular. Llegó la hora del pueblo”.
Estas declaraciones han intensificado el clima político en el país, mientras sectores afines al Gobierno convocan a manifestaciones pacíficas y desde la oposición advierten sobre los riesgos institucionales de llamar a desobediencia frente a decisiones legislativas.
