No se puede negar que durante muchos años Colombia ha buscado de manera incesante caminos para conseguir la paz, supremo bien jurídico de cualquier sociedad civilizada del mundo, afectado principalmente por organizaciones guerrilleras.
La historia nos enseña que desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, la mayoría de los gobiernos –como solía decirse– han tendido un “puente de oro” a través de múltiples leyes de amnistía e indultos.
Como se recordará en plena confrontación liberal-conservadora por allá por el año 1953, Gustavo Rojas Pinilla expidió un amplio Decreto de amnistía que comprendía tanto a guerrilleros –en su mayoría liberales– como a los agentes del Estado que se hubieran excedido en su defensa.
Durante el Frente Nacional, Alberto Lleras expidió otra ley en igual sentido y Alfonso López Michelsen llevó a cabo aproximaciones; Julio César Turbay Ayala confrontó por la vía militar a las guerrillas, pero buscó también la paz creando una comisión para tal fin.
De manera audaz, el presidente Belisario Betancur Cuartas llegó a acuerdos –con tregua y cese del fuego incluidos– con la entonces poderosa Coordinadora Nacional Guerrillera, generosamente, sacó de las cárceles a los guerrilleros del M-19 que estaban presos por delitos políticos; las alegadas violaciones de la tregua por el M-19 dieron lugar al muy tristemente recordado holocausto del Palacio de Justicia.
Virgilio Barco retomó el camino de las negociaciones y en marzo de 1990 firmó un exitoso acuerdo de paz con el M-19, sin dejar de buscar también la paz con las otras guerrillas.
Por su parte, el presidente César Gaviria Trujillo continuó esa misma ruta y en medio de la euforia de la Constituyente de esa época logró desarmar a los grupos guerrilleros EPL, el PRT y el Quintín Lame, entre otros.
Otro presidente, Ernesto Samper Pizano también buscó solucionar de manera negociada al conflicto armado y consiguió aprobar en el Congreso de la República la Ley 418 de 1997, actual marco jurídico para las negociaciones de paz.
Andrés Pastrana, para poner fin a la guerra y con el apoyo ciudadano, hizo lo posible con el proceso del Caguán, incluyendo toda clase de concesiones.
Álvaro Uribe Vélez también contó con comisionados de paz y en medio de la política de confrontación abierta ofreció caminos del diálogo, entre ellos el que terminó en la desmovilización de las AUC.
Juan Manuel Santos, con todo y las dificultades, pudo desarmar con su proceso a una parte la guerrilla de la Farc, la más antigua de Colombia.
El presidente Gustavo Petro lanzó su audaz pero arriesgada idea de la Paz Total, que por primera vez no solo abarca a las guerrillas con objetivos políticos, sino a toda clase de organizaciones delincuenciales, incluidas las claramente asociadas al narcotráfico.
Propuso también liberar a centenares de jóvenes de la llamada primera línea, procesados o condenados por fiscales y jueces, en algunos casos por homicidio y torturas.
Todos sabemos que las reformas propuestas con bastante antelación, se constituyen en los programas banderas del presidente Petro, lo cual se puede constituir en su consagración, si estas se logran o su frustración, si no se consolidan en lo que falta de su cuatrienio; seguramente en un futuro no muy lejano se comprobará si el actual Gobierno es capaz de alcanzar la tan esquiva y anhelada paz o no.
