En medio del intenso debate nacional que ha generado el hundimiento de la consulta popular sobre la reforma laboral, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, salió al paso de las críticas y defendió con firmeza la decisión adoptada por la plenaria el pasado miércoles.
Desde su rol como cabeza del Legislativo, Cepeda no solo ratificó que la consulta era innecesaria, sino que subrayó su alto costo para las finanzas públicas: “La democracia habló en el Senado y votó no a una consulta popular inconveniente que les iba a quitar a los colombianos 750 mil millones de pesos de su bolsillo”, señaló con contundencia.
Para el dirigente conservador, el Senado actuó con responsabilidad fiscal y política al frenar una iniciativa que —según él— respondía más a intereses electorales que al bienestar ciudadano. La consulta, impulsada por sectores afines al Gobierno, pretendía llevar a las urnas el debate sobre la reforma laboral, pero tras la votación quedó oficialmente archivada.
Reforma laboral sigue en pie, pero por otro camino
Lejos de cerrar la puerta al debate laboral, Cepeda anunció que la reforma continuará su trámite en la Comisión Cuarta, luego de que se aprobara una apelación para revivir el proyecto. El senador insistió en la necesidad de construir una propuesta viable, sin imposiciones.
“Espero que se logre una reforma concertada para mejorar el empleo y la informalidad”, expresó, en un tono más conciliador que el usado por miembros del Ejecutivo.
Un llamado a la institucionalidad
En medio del ambiente caldeado y las fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti —quien incluso denunció un supuesto fraude en la votación—, Cepeda envió un mensaje de moderación: “Llamo a los colombianos a la calma. Es el momento de respetar las instituciones y la democracia”, dijo, desmarcándose de los discursos incendiarios.
La postura de Cepeda apunta a reforzar la imagen del Congreso como un contrapeso legítimo en el sistema democrático, mientras se agudiza la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo por la agenda de reformas.
