El abogado Iván Cancino asegura que el exdirector del Dapre y exjefe de inteligencia no tiene nada que confesar y que enfrentará el proceso judicial sin admitir responsabilidad en los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
En medio del escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al alto gobierno del presidente Gustavo Petro, el abogado Iván Cancino, defensor del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, declaró en primicia a La FM que su cliente no aceptará los cargos que le formulará la Fiscalía General de la Nación.
La imputación de cargos, que será presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se basa en una serie de evidencias recolectadas por agentes de Policía Judicial. Los delitos atribuidos a González son cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Sin embargo, Cancino fue enfático en afirmar: “No va a aceptar cargos, no va a colaborar porque no tiene nada que decir de nadie porque no ha cometido delitos”.
La defensa niega rotundamente que González haya tenido participación alguna en el presunto soborno a los entonces presidentes del Senado de la República, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, este último actualmente capturado por orden de la Corte Suprema. “Ni impartió órdenes, ni cohechó a nadie, ni cometió peculado, ni lavó activos de nada. Y eso se probará en un proceso que seguramente será largo. Estas apenas son las primeras etapas”, sostuvo Cancino, anticipando una ardua defensa legal.
El abogado también rechazó las versiones que apuntan a un intento de evasión de la justicia por parte de su cliente. Según explicó, Carlos Ramón González ha estado siempre disponible y ha comparecido cada vez que ha sido requerido. Añadió que, conforme a lo estipulado por la Corte Constitucional, González podrá asistir a las audiencias preliminares de forma virtual. “Primero no vería sentido a que la audiencia sea presencial (…) La Corte Constitucional fue muy clara que la única audiencia presencial es la del juicio y aquí no estamos en juicio”, precisó el jurista.
En medio de la controversia, Cancino insinuó que su defendido es víctima de una persecución política. Aunque reconoció que el recurso del asilo político es un derecho que podría considerar, afirmó no estar al tanto de si es una opción en los planes de González. “Por ahora tengo la tranquilidad todavía en la justicia de que no se vaya a cometer un acto que no corresponda a derecho”, subrayó Cancino, descartando por ahora una eventual orden de captura.
Mientras tanto, el caso avanza con nuevas revelaciones y acusaciones. En el marco de las audiencias de judicialización, la Fiscalía ha sostenido que tanto Olmedo López, exdirector de la UNGRD, como Sneyder Pinilla, su exsubdirector, han entregado evidencias clave que vincularían directamente a Carlos Ramón González con contratos irregulares de gran cuantía.
Uno de los episodios que refuerzan esta hipótesis es la presunta reunión sostenida en septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde, según la Fiscalía, González habría ordenado la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos. De estos, 60.000 millones habrían sido dirigidos para Iván Name y 10.000 millones para Andrés Calle, como parte de un presunto plan para asegurar apoyos legislativos en el Congreso de la República.
Asimismo, se revelaron transcripciones de audios en los que se menciona que González respaldó activamente la designación de Olmedo López al frente de la UNGRD, en un contexto de urgencia por el trámite de reformas que enfrentaba el gobierno en el Congreso. En este mismo sentido, se mencionan otras cifras preocupantes: 1.000 millones de pesos supuestamente entregados a Andrés Calle y 3.000 millones a Iván Name, sumas cuya trazabilidad está bajo revisión judicial.
La Fiscalía ha advertido que este proceso solo comienza. El próximo 27 de mayo, se formalizarán ocho nuevas imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra otros implicados en esta red de corrupción, entre ellos César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
El caso de la UNGRD se perfila como uno de los más graves en materia de corrupción que ha sacudido al actual gobierno, dejando al descubierto posibles irregularidades en la contratación estatal y el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres.
Mientras tanto, la defensa de Carlos Ramón González insiste en su inocencia y en la necesidad de garantizar un debido proceso sin presiones mediáticas ni decisiones políticas encubiertas. Según Cancino, la estrategia será clara: demostrar que no existió delito alguno y que su cliente no participó en los actos que se le imputan. “Vamos a ver cuál es la imparcialidad de la justicia de acuerdo a cada una de las decisiones que vaya tomando, incluso frente al tema de la virtualidad”, concluyó.
Este caso continuará siendo clave en la agenda judicial y política del país, mientras se esclarecen las responsabilidades de los implicados y se define el futuro legal de uno de los funcionarios más cercanos al círculo presidencial.
Y.A.
