Senadores del Pacto Histórico acusan a sectores del Centro Democrático de alterar el orden del día para frenar la votación de la consulta popular, mientras se prioriza la apelación de la reforma laboral.
La plenaria del Senado de la República se convirtió este miércoles en un nuevo escenario de confrontación entre el petrismo y el uribismo, a raíz de lo que algunos congresistas han calificado como una “jugadita” para evitar que se vote la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional.
La controversia estalló cuando la mesa directiva del Senado decidió ubicar como primer punto del orden del día la votación de la apelación de la reforma laboral, una iniciativa que ya había sido hundida en debates anteriores. Este movimiento generó el rechazo inmediato de los sectores afines al Pacto Histórico, que interpretaron la decisión como una maniobra deliberada para impedir que la consulta llegue a votación.
“Lo tenían previsto, calculado y no lo niegue senadora Paloma Valencia, porque la escuché de esta jugadita. Sabían que la consulta iba a pasar y también escuché que si la consulta pasa, revivían la apelación de la reforma”, denunció el senador León Fredy Muñoz, alzando la voz en medio del agitado debate.
La senadora María José Pizarro, también del Pacto Histórico, fue aún más enfática al señalar que se trata de una estrategia de filibusterismo, una práctica parlamentaria que consiste en retrasar o bloquear decisiones legislativas mediante maniobras reglamentarias. “Tienen miedo, no saben cómo enmendar el error que cometieron. Esto es un clásico ejemplo de filibusterismo, una técnica de obstrucción parlamentaria. Aquí lo que hay es puro filibusterismo”, sostuvo.
El ambiente en la plenaria se tornó tenso, con acusaciones cruzadas y una evidente polarización entre los bloques políticos. Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, respondió de manera contundente a los señalamientos. Aunque negó que se tratara de una “jugadita”, sí dejó claro que su bancada hará todo lo posible para frenar la consulta impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
“Por supuesto y a mucho honor, vamos a hacer todo lo necesario para que este Gobierno no tenga los recursos del presupuesto nacional a disposición de la politiquería, para seguir llenando los bolsillos de sus congresistas corruptos y vendidos”, manifestó Valencia, en una declaración que encendió aún más los ánimos dentro del recinto.
De fondo, lo que está en juego es el avance de una consulta popular que ha sido presentada por el Ejecutivo como un mecanismo de participación ciudadana para legitimar sus propuestas de cambio, entre ellas reformas estructurales en sectores como la salud, la educación, el trabajo y la justicia. Sin embargo, desde la oposición se ha advertido que esta consulta se utilizaría para impulsar una campaña política anticipada, lo que podría afectar el equilibrio democrático y el uso de los recursos públicos.
Según fuentes legislativas, desde el martes se venía gestando un acuerdo entre miembros de varias bancadas, cuyo objetivo sería revivir la reforma laboral a cambio de sacrificar la consulta. Esta negociación ha sido interpretada por el petrismo como una alianza táctica para neutralizar las iniciativas gubernamentales en el Congreso.
El episodio refleja el creciente nivel de confrontación entre los sectores políticos del país y pone de relieve los desafíos que enfrenta el Gobierno para sacar adelante su agenda en el Congreso de la República. La lucha por el control del debate legislativo se ha convertido en una batalla clave para el futuro de las reformas impulsadas por el presidente Petro.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención una escena política cada vez más crispada, donde los intereses partidistas parecen estar por encima de los mecanismos de participación democrática que buscan incluir la voz del pueblo en decisiones trascendentales.
Y.A.
