La controversia por el pago de la Tasa de Seguridad en el Atlántico sigue escalando.
Voces del sector público y privado advirtieron que esta contribución debe mantenerse, y que ninguna decisión individual —ni siquiera de la gerente interventora— puede estar por encima de la ley.
De acuerdo con las declaraciones, la Gobernación del Atlántico debería proceder a impetrar una demanda penal contra la funcionaria que, presuntamente, habría frenado el recaudo de la tasa, con el fin de que responda con su patrimonio por las posibles consecuencias fiscales y de seguridad que pueda generar su decisión.
Además, se hizo un llamado a las autoridades departamentales para que refuercen la pedagogía y la motivación hacia los usuarios, incentivando el cumplimiento voluntario, como ha venido ocurriendo hasta ahora en varios sectores.
La Tasa de Seguridad es un instrumento que ha permitido financiar operaciones clave de la Fuerza Pública y proyectos de prevención en el departamento, por lo que su continuidad ha sido defendida por distintos actores institucionales.
