La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra el exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la firma de contratos durante su administración (2008–2011). Las autoridades lo señalan por incurrir en el delito de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, en su modalidad agravada.
Uno de los hechos más relevantes en la investigación está relacionado con la ejecución del Plan de Aguas del departamento, un ambicioso proyecto que requería una inversión total de 130 millones de dólares, de los cuales 90 millones provenían de un préstamo con el Banco Mundial y los 40 restantes de fondos públicos.
Para garantizar la entrega de los recursos, la Gobernación debía cumplir estrictamente con los procedimientos exigidos por el organismo internacional, incluyendo la obtención de dos autorizaciones claves. Sin embargo, el segundo aval nunca fue concedido. A pesar de ello, la administración departamental procedió con la firma del contrato, financiado finalmente con recursos de regalías.
El acuerdo contractual, suscrito el 30 de diciembre de 2010 por más de 5 mil millones de pesos, tenía como objetivo mejorar el sistema de alcantarillado sanitario del barrio Arriba, en el centro de Riohacha. Sin embargo, según denuncias de la comunidad, los problemas de insalubridad y desabastecimiento de agua persisten desde hace más de 15 años.
La Fiscalía también indicó que la contratación debió regirse por la Ley 80 de 1993, dado que fue financiada exclusivamente con dineros públicos. Esta normativa exige procesos de licitación con estudios técnicos y financieros previos. Sin embargo, se siguieron lineamientos del Banco Mundial sin contar con su autorización definitiva, lo que constituye una irregularidad.
El exmandatario se entregó voluntariamente a las autoridades el pasado 10 de abril, en el marco de otro proceso judicial relacionado con el contrato No. 770 del 27 de noviembre de 2009, correspondiente a obras de infraestructura educativa. Inicialmente presupuestado en 90.000 millones de pesos, el contrato fue finalmente firmado por 134.000 millones. Por este hecho, Pérez Bernier también enfrenta cargos por peculado por apropiación agravado.
Con estas actuaciones, el exgobernador suma dos acusaciones penales por irregularidades contractuales durante su administración, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos en el departamento de La Guajira.
