El Gobierno ecuatoriano desplegó 1.500 militares con el objetivo de localizar y neutralizar al grupo criminal Comandos de la Frontera, vinculado con actividades de minería ilegal, extorsión y tráfico de armas, tras un ataque que dejó 11 uniformados muertos.
Ecuador ha intensificado su presencia militar en la frontera norte del país con el despliegue de 1.500 soldados, pertenecientes a fuerzas especiales, unidades de inteligencia y equipos contraterroristas, con el objetivo de “localizar y neutralizar” al grupo delictivo conocido como los Comandos de la Frontera, acusado de la emboscada en la que murieron 11 militares ecuatorianos el pasado viernes.
La acción forma parte de una operación de gran escala ordenada por el Ministerio de Defensa de Ecuador, que incluyó la implementación de un cerco táctico, patrullajes ofensivos, rastreos territoriales y vigilancia aérea con helicópteros y drones en la zona limítrofe con Colombia. La ofensiva ha sido considerada una de las más contundentes en los últimos años contra el crimen organizado transnacional en el país.
El operativo dio como resultado la muerte de alias ‘Compadre’, identificado como el comandante de los Comandos de la Frontera en territorio ecuatoriano, según confirmaron las Fuerzas Armadas de Ecuador a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).
“A través del intercambio de información con las agencias de inteligencia y seguridad del vecino país de Colombia se confirmó que el guerrillero neutralizado respondía al alias de ‘Compadre’, quien se desempeñaba como comandante de los Comandos de la Frontera en Ecuador”, comunicó la institución.
Alias ‘Compadre’ era considerado el cabecilla responsable del control de actividades ilícitas, en especial de minería ilegal en sectores amazónicos, así como del cobro de extorsiones —conocidas como “vacunas”— a trabajadores mineros. Además, las autoridades informaron que mantenía una alianza estratégica con el grupo criminal ecuatoriano Los Lobos, otra organización que también opera en zonas de explotación minera ilegal.
Según las investigaciones, alias ‘Compadre’ lideraba una estructura de al menos 30 hombres armados, equipados con fusiles calibre 5.56 milímetros, lanzagranadas, explosivos y otros dispositivos de alto poder militar. Su red delictiva se extendía por la provincia de Sucumbíos, ubicada en el límite con Colombia, y tenía presencia en los sectores de Napo y Orellana, regiones amazónicas que han visto un incremento de actividades mineras ilegales en los últimos años.
El hecho que desencadenó esta contundente reacción militar fue el asesinato de 11 soldados ecuatorianos en una emboscada perpetrada en el sector de Alto Punino, en la cuenca alta del río Punino, zona donde abundan los campamentos ilegales de extracción de oro. Aunque el grupo Comandos de la Frontera negó su participación en el ataque mediante un comunicado difundido desde Colombia, el Ejército de Ecuador les atribuye la responsabilidad directa del hecho.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, no ha emitido aún una declaración pública tras los operativos, pero fuentes del Gobierno han señalado que el despliegue de tropas responde a una política de “tolerancia cero” con los grupos armados que operan en la frontera norte, los cuales se han fortalecido aprovechando el vacío de autoridad en territorios difíciles de controlar.
La situación ha encendido las alarmas no solo en Ecuador, sino también en Colombia, donde estos grupos suelen moverse libremente entre ambos países aprovechando la porosidad de la frontera y el terreno selvático. La colaboración binacional ha sido clave para identificar y actuar contra los cabecillas y estructuras criminales que amenazan la seguridad nacional y la estabilidad regional.
Expertos en seguridad han advertido que mientras no se aborden las causas estructurales como el abandono estatal, la pobreza y la explotación de recursos naturales por parte de mafias transnacionales, estos focos de violencia seguirán reproduciéndose a lo largo de la frontera.
Y.A.
