En un fallo histórico emitido el pasado 2 de mayo, la Procuraduría General de la Nación reconoció la responsabilidad disciplinaria del Ejército Nacional en la operación de vigilancia ilegal contra periodistas, conocida como el caso de “Carpetas Secretas”.
Esta decisión, que se produce cinco años después de la denuncia inicial, establece que nueve miembros de distintas unidades de inteligencia militar incurrieron en una falta grave al ordenar, coordinar y ejecutar actividades de espionaje no autorizadas contra al menos 30 periodistas, utilizando herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).
La investigación se originó en mayo de 2020 tras la publicación de un reportaje de la Revista Semana titulado “Las carpetas secretas”. En el reportaje se reveló cómo el Batallón de Ciberinteligencia del Ejército había perfilado y recolectado información sobre la vida personal y profesional de más de 130 personas —entre ellas periodistas, activistas y defensores de derechos humanos— sin ninguna justificación legal.
Según el fallo de la Procuraduría, los militares implicados emplearon software de monitoreo, recolección sistemática de datos en redes sociales y rastreo de geolocalización, prácticas que la ley solo permite bajo criterios de defensa nacional y seguridad del Estado.
Sin embargo, en este caso, dichas herramientas fueron utilizadas para intimidar a periodistas que investigaban temas sensibles como ejecuciones extrajudiciales, corrupción en las fuerzas armadas y vínculos con grupos armados ilegales.
