La colectividad tomó medidas disciplinarias inmediatas ante los señalamientos judiciales contra dos de sus militantes, reafirmando su postura firme frente a la corrupción.
En medio del creciente escándalo por corrupción que involucra a altos funcionarios y congresistas en el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Partido Alianza Verde emitió un comunicado contundente en el que anuncia la suspensión inmediata de dos de sus militantes más visibles: el senador Iván Name Vásquez y la exconsejera presidencial Sandra Ortiz Nova.
La decisión fue dada a conocer en las últimas horas mediante un documento oficial, en el que la colectividad verde señala que ambos fueron denunciados formalmente ante el Consejo de Control Ético del partido desde el pasado 3 de mayo de 2024, como respuesta a las múltiples denuncias públicas e investigaciones institucionales que ahora han desembocado en acciones judiciales formales.
Iván Name, actual presidente del Senado, fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. La Sala de Instrucción y Juzgamiento de dicha corporación ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra, relacionado con presuntos sobornos a congresistas a cambio de apoyos a las reformas del Gobierno. Por su parte, Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones durante la actual administración, se encuentra en etapa procesal ante la Fiscalía General de la Nación, colaborando mediante declaraciones que comprometerían a varios actores del Congreso.
En el comunicado, la Dirección Nacional del Partido Verde enfatiza que “no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia, ni actúa como cómplice de quienes incurren en conductas contrarias a la ética y a los principios que rigen nuestro accionar político”. Esta declaración refuerza la narrativa que la colectividad ha defendido históricamente: una lucha frontal por la transparencia, la legalidad y el rechazo absoluto a cualquier forma de corrupción.
El partido también dejó claro que, si bien confía en la justicia colombiana y reconoce la gravedad del proceso penal en curso, mantiene su respeto por el debido proceso dentro del marco disciplinario interno. Por ello, ha solicitado al Consejo de Control Ético la aplicación de medidas cautelares rigurosas, mientras se determinan las responsabilidades individuales a partir de los hechos denunciados.
La colectividad recordó que el actuar de dos personas no puede empañar el talante de un partido que ha mantenido una postura ética frente a las instituciones. “Al Partido Alianza Verde no lo definen las individualidades. Hay una esencia Verde, de transformación cívica y ética que nos distingue como colectividad y sigue siendo un común denominador entre quienes la integran”, concluye el comunicado.
La crisis ética que enfrenta la Alianza Verde se enmarca dentro de un escándalo de mayores proporciones: la compra de votos para reformas gubernamentales a través del desvío de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo, un sector especialmente sensible por su impacto en comunidades vulnerables. Las revelaciones del caso UNGRD no solo han sacudido el Congreso, sino que han generado una ola de desconfianza en la ciudadanía respecto al uso de recursos en entidades clave.
Diversos sectores políticos han reaccionado al anuncio del partido. Algunos miembros de la oposición han señalado que esta suspensión llega tarde, considerando que las sospechas sobre los implicados eran conocidas hace meses. No obstante, otros valoran el gesto como un intento genuino por parte del partido de marcar distancia frente a las conductas indebidas y preservar su integridad institucional.
De cara a los próximos días, se espera que el Consejo de Control Ético del Partido Verde emita decisiones más determinantes respecto a las sanciones internas. Al mismo tiempo, el desarrollo del proceso judicial seguirá arrojando nuevas luces sobre la magnitud del entramado de corrupción en la UNGRD, una entidad que, irónicamente, fue creada para salvar vidas y reducir vulnerabilidades, pero que hoy se ve envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Colombia.
Y.A.
