Los nuevos cargos se dirigen contra exfuncionarios públicos, abogados y contratistas vinculados al convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, cuyos recursos fueron utilizados para direccionar contratos a cambio de coimas.
La Fiscalía General de la Nación anunció una nueva fase dentro del proceso investigativo por el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En esta etapa, el ente acusador imputará cargos a ocho personas, entre exfuncionarios públicos, contratistas, abogados y representantes legales, todos vinculados al irregular manejo de cerca de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El Ministerio Público busca que los imputados enfrenten medida de aseguramiento privativa de la libertad, solicitando que sean enviados a prisión como medida preventiva ante la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción a la justicia.
Entre los nuevos implicados figura César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, a quien se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Manrique Soacha habría facilitado, junto con otros actores del entramado, la reorientación de millonarios recursos públicos hacia fines ilícitos.
Otro de los señalados es el abogado Édgar Riveros Rey, acusado por seis delitos, entre ellos falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, además de los mismos cargos imputados a Manrique. Su participación, según los investigadores, fue clave en la elaboración y soporte documental de contratos con irregularidades.
A la lista de imputados se suman Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, quienes prestaron servicios como contratistas de la UNGRD. Ambos deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos.
Asimismo, serán procesados Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representantes de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú). La Fiscalía sostiene que esta entidad fue utilizada para facilitar el direccionamiento de contratos, simulando procesos legales mientras encubrían actos de corrupción.
Por otra parte, Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, serán imputados por el delito de lavado de activos, debido a la presunta manipulación de recursos producto de las acciones fraudulentas ejecutadas dentro del convenio interinstitucional.
El eje central de esta investigación gira en torno al desvío de los fondos del Convenio No. 9677-CV020-021-2023, originalmente destinado a atender necesidades en zonas rurales, mediante proyectos como plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques y pozos subterráneos. Dichos contratos fueron presuntamente direccionados a empresarios cercanos al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, con el aval de altos funcionarios y a cambio de jugosas coimas.
La Fiscalía ha revelado que fue Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, quien, en coordinación con César Manrique Soacha, gestionó una reunión con Gerardo Vega, entonces director de la ANT, y Olmedo López, en la que se pactó la reducción del presupuesto del convenio por cerca de 100.000 millones. Estos fondos, según la acusación, fueron luego redirigidos de forma fraudulenta.
Este nuevo capítulo del caso UNGRD pone en evidencia el entramado de intereses y beneficios personales que ha afectado gravemente la función pública en Colombia. La corrupción institucional, el uso de entidades para legalizar contratos amañados y la participación activa de actores tanto públicos como privados refuerzan la necesidad de un profundo proceso de depuración en los órganos del Estado encargados de la gestión del riesgo y del manejo de recursos públicos.
Mientras tanto, las voces de las víctimas y organismos de control como la Procuraduría General de la Nación continúan exigiendo castigos ejemplares y garantías de no repetición. La presión social y política sobre este caso crece, especialmente por las implicaciones que tiene para las poblaciones más vulnerables, a quienes iban destinados los recursos ahora desaparecidos.
Y.A.
