Colombia registra 7,3 millones de desplazados internos, impulsados por el accionar de grupos armados no estatales y fenómenos naturales, según el último informe del IDMC.
Colombia cerró el año 2024 con una de las cifras más alarmantes en su historia reciente en materia de desplazamiento interno. De acuerdo con el último informe del Observatorio de Situaciones de Desplazamiento Interno (IDMC), el país registra 7,3 millones de personas desplazadas, lo que representa un aumento del 20 % en comparación con los 5,1 millones reportados en 2023. Este fenómeno responde a una combinación de violencia armada persistente y el impacto creciente de los desastres naturales, factores que se han intensificado a pesar de esfuerzos institucionales y sociales por contener la crisis.
Pese a la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, que prometía el inicio de una nueva etapa de estabilidad, muchas regiones de Colombia continúan bajo asedio. El protagonismo que en años recientes han adquirido los grupos armados no estatales (GANE) ha mantenido e incluso exacerbado la violencia en territorios históricamente vulnerables. En 2024, los enfrentamientos entre estos grupos —y entre ellos y la fuerza pública— forzaron a cerca de 388.000 personas a abandonar sus hogares, una cifra similar a años anteriores que evidencia la persistencia del fenómeno.
Los departamentos del Pacífico colombiano como Cauca, Chocó y Nariño se mantienen como los más golpeados por el desplazamiento forzado, especialmente en comunidades afrocolombianas e indígenas. Asimismo, regiones como Antioquia, Norte de Santander y el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, han sufrido repuntes de violencia que han llevado a miles de personas a buscar refugio en zonas urbanas.
Un aspecto particularmente preocupante en 2024 ha sido el aumento de desplazamientos individuales o de pequeña escala, motivados por amenazas directas, extorsión, confinamientos y toques de queda impuestos por los GANE. Según el gobierno colombiano, parte del aumento en las cifras se explica por una nueva revisión metodológica que permite hacer seguimiento a los desplazados durante dos años después de su registro, cumpliendo con una sentencia de la Corte Constitucional de 2004.
En paralelo a la violencia, los desastres naturales también provocaron desplazamientos significativos. Durante 2024, 91.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares por eventos como inundaciones y sequías. Aunque esta cifra es inferior a las registradas en los dos años anteriores, sigue siendo la tercera más alta en más de una década. Entre mayo y julio, las lluvias afectaron severamente a Bolívar, Córdoba y Sucre, mientras que una sequía prolongada en esas mismas zonas provocó 7.900 desplazamientos, un fenómeno inédito en Colombia hasta ahora.
En el caso del Chocó, la situación fue doblemente crítica. Además de los conflictos armados, el departamento enfrentó graves inundaciones en agosto y noviembre, que obligaron al desplazamiento de 29.000 personas. Como consecuencia, el gobierno declaró situación de desastre nacional el 13 de noviembre. Esta acumulación de factores llevó a que en abril de 2024, la Corte Constitucional hiciera un pronunciamiento sin precedentes, exigiendo al Estado implementar políticas estructurales para atender el desplazamiento por desastres naturales, y reconociendo como derecho fundamental la protección climática de las personas afectadas.
A nivel mundial, el IDMC informó que en 2024 el número total de desplazados internos alcanzó un récord de 83,4 millones, el doble de lo registrado hace seis años. De ellos, 73,5 millones fueron resultado directo de conflictos y violencia, una tendencia que ha crecido un 80 % desde 2016. En palabras de Alexandra Bilak, directora del IDMC, “el desplazamiento interno no es solo una crisis humanitaria; es un reto político y de desarrollo que requiere mucha más atención”.
El impacto del cambio climático también fue subrayado en el informe. Se estima que el 99,5 % de los desplazamientos por desastres en 2024 fueron consecuencia de fenómenos climáticos, afectando principalmente a países como Afganistán, Chad y Colombia, que figuran entre los más vulnerables en el continente americano.
Aunque existen esfuerzos desde el Estado colombiano y organizaciones de la sociedad civil, la realidad es que el país sigue sin una solución duradera para los millones de desplazados. Muchos enfrentan condiciones extremas de vulnerabilidad, con acceso limitado a vivienda, educación, salud y oportunidades laborales. La comunidad internacional ha advertido que sin una financiación adecuada y una verdadera voluntad política, no se logrará una salida sostenible a esta crisis silenciosa que continúa afectando a los más indefensos.
Y.A.
