El Gobierno propone activar este mecanismo de participación ciudadana, pero la votación en el Congreso evidencia una profunda división política que podría definir el rumbo democrático del país.
El Ejecutivo colombiano ha puesto sobre la mesa una de las herramientas más significativas de la democracia participativa: la consulta popular. Este mecanismo, consagrado en la Constitución Política, permite que el pueblo se pronuncie de forma directa sobre asuntos trascendentales, siempre que no impliquen reformas constitucionales ni vulneren derechos fundamentales.
El interés del Gobierno radica en legitimar decisiones que considera estratégicas y de amplio impacto nacional, sin recurrir exclusivamente a la representación parlamentaria. No obstante, el camino para activar esta herramienta no es automático: el primer filtro lo constituye el Congreso de la República, que debe autorizar su convocatoria.
Una votación que evidencia las fracturas del Legislativo
En lugar de generar consenso, la posible consulta ha puesto de manifiesto las profundas divisiones políticas que atraviesan el Congreso. Según cifras reveladas por medios nacionales, el escenario es de absoluto equilibrio: 47 legisladores están a favor, 46 en contra y 11 permanecen indecisos, mientras uno más se marginó por retiro voluntario.
El respaldo proviene principalmente de fuerzas cercanas al Gobierno, como el Pacto Histórico, varios sectores del Partido Liberal, Alianza Verde y los Comunes. A ellos se suman apoyos puntuales dentro del Conservatismo, Cambio Radical y La U, aunque sin compromisos sólidos.
En el otro extremo, el bloque opositor aglutina al Centro Democrático, buena parte del Partido Conservador, otros segmentos de Cambio Radical, sectores liberales contrarios al Gobierno y minorías como la ASI, Colombia Justa Libres y disidencias dentro del Verde. Esta coalición se ha pronunciado contra lo que consideran un uso «instrumental» de la consulta para fines políticos más que democráticos.
Votos inciertos que podrían definir el desenlace
El estrecho margen convierte cada voto en determinante. La ausencia o presencia de ciertos congresistas podría inclinar la balanza. Uno de los casos más comentados es el del senador Carlos Chacón, cuya salud lo mantiene alejado del Congreso, pero que ha declarado su intención de apoyar la consulta si logra asistir.
Por su parte, el senador Lidio García, con aspiraciones a presidir el Congreso, ha anunciado que votará en contra, lo que podría influir sobre otros legisladores indecisos dentro de su bancada. Esta clase de liderazgos y gestos políticos anticipan un debate intenso, con consecuencias más allá del resultado inmediato.
¿Qué se puede y qué no se puede preguntar?
La consulta popular tiene restricciones claras: no puede referirse a proyectos de ley específicos ni proponer reformas constitucionales. La pregunta debe estar formulada de forma general, y tratar temas de interés nacional, sin invadir competencias exclusivas del Legislativo ni comprometer principios básicos del ordenamiento jurídico.
En caso de ser aprobada por el Congreso, el éxito de la consulta dependerá de la participación ciudadana: se requiere que al menos el 30 % del censo electoral acuda a las urnas y que la mayoría vote afirmativamente. Esto implica un reto mayúsculo en términos de pedagogía, logística y comunicación institucional.
Debate de fondo: ¿fortalecer o desgastar la democracia?
El trasfondo del debate va más allá de la mecánica constitucional. En juego está la manera como se concibe la relación entre el poder Ejecutivo y la ciudadanía. Mientras el Gobierno plantea la consulta como un canal legítimo para empoderar al pueblo en decisiones de alto impacto, sus detractores sostienen que podría convertirse en una estrategia para evitar el control del Congreso o legitimar decisiones polémicas.
Además, el proceso no terminaría con la aprobación legislativa. La Corte Constitucional debe analizar el texto de la pregunta para verificar su conformidad con la Constitución, y el Gobierno deberá demostrar que es capaz de garantizar una convocatoria transparente, informada y libre de presiones políticas.
Una herramienta democrática en el ojo del huracán
Lo que en principio debería ser un recurso para enriquecer la participación democrática se ha convertido en una nueva fuente de tensión política. La consulta popular podría fortalecer la legitimidad del Gobierno si obtiene un amplio respaldo, pero también puede exponer su fragilidad institucional si fracasa en el Congreso o en las urnas.
En definitiva, el Congreso no solo decidirá si se convoca al pueblo colombiano, sino también si se abre o no la puerta a un nuevo capítulo en la forma de hacer política en el país. La votación que se avecina servirá como termómetro del apoyo real al Ejecutivo y como reflejo de la voluntad o resistencia de las fuerzas tradicionales frente a mecanismos más directos de participación.
Y.A.
