Aunque el presidente negó en su momento el nombramiento, una carta enviada al Congreso y el decreto correspondiente confirman que Armando Benedetti fue delegado con funciones presidenciales, desatando una nueva polémica jurídica y política.
Una nueva controversia sacude el panorama político colombiano tras revelarse documentos que desmienten las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien negó haber nombrado a Armando Benedetti como ministro delegatario con funciones presidenciales durante su reciente viaje a China. Sin embargo, una carta fechada el 7 de mayo y dirigida al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, revela que Petro sí notificó formalmente dicha designación, adjuntando incluso el decreto que lo oficializa.
“Durante mi ausencia ejercerá las funciones legales y constitucionales que le sean delegadas, de acuerdo a la precedencia establecida en la ley, el señor ministro del Interior, doctor Armando Benedetti Villaneda”, indica el documento firmado por el jefe de Estado, contradiciendo así sus declaraciones previas.
El decreto en cuestión, fechado el 8 de mayo, designó a Benedetti como el encargado del poder ejecutivo mientras el presidente cumplía compromisos internacionales en China, entre ellos la confirmación de la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, una decisión que también ha generado debates por las advertencias expresas de Estados Unidos respecto a los riesgos de alinearse con los intereses económicos de Beijing.
La situación se complica aún más por el carácter partidista que exige la Constitución para ejercer funciones presidenciales delegadas. Según la ley, quien asuma temporalmente la Presidencia debe pertenecer al mismo partido político del presidente. Para cumplir con ese requisito, se anexó al expediente una carta enviada por el partido Colombia Humana, firmada por su secretaria, Andrea Vargas De la Hoz, en la que se certifica que Benedetti es militante de dicha colectividad desde el 15 de diciembre de 2021.
No obstante, fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) han señalado que en el registro único de militantes no aparece el nombre de Benedetti como integrante formal de ningún partido. Esta inconsistencia plantea dudas sobre la legalidad de su designación como ministro delegatario, lo que podría traducirse en un error de carácter jurídico por parte de la Casa de Nariño.
La contradicción entre la narrativa pública del presidente y los documentos oficiales desatados en los últimos días ha encendido las alarmas de sectores políticos, académicos y constitucionalistas, que ven en este episodio una muestra de improvisación institucional y de manejo ambiguo de los protocolos legales del poder ejecutivo.
Para algunos analistas, esta situación podría tener implicaciones de fondo. Si Benedetti no cumplía con los requisitos constitucionales, su designación sería nula de pleno derecho, lo cual abre la puerta a un debate sobre las posibles responsabilidades jurídicas del equipo jurídico presidencial. A esto se suma el hecho de que el ministro ha estado en el centro de varias controversias, incluyendo su abrupta salida del gobierno el año anterior, y su posterior regreso como jefe del Ministerio del Interior.
El presidente Petro, hasta el momento, no ha emitido una declaración oficial tras la filtración de la carta y el decreto, pero su silencio contrasta con su negativa inicial de que se hubiese expedido dicho documento. Esta aparente contradicción está minando la credibilidad del gobierno en lo referente al respeto de la normatividad institucional, y alimenta los argumentos de quienes cuestionan el manejo presidencial del poder delegado.
Además, la polémica llega en un momento en el que el Ejecutivo enfrenta tensiones con otros poderes del Estado y crecientes cuestionamientos sobre su gestión política. Mientras tanto, desde sectores de oposición se ha exigido una investigación exhaustiva sobre este episodio, para establecer si hubo irregularidades en la designación de Benedetti y si se incurrió en violaciones a la Constitución.
El Congreso, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre la carta recibida, pero se espera que en las próximas sesiones legislativas el tema sea puesto sobre la mesa para determinar si hubo una omisión institucional en la revisión de los requisitos legales del ministro delegado.
Y.A.
