La Defensoría del Pueblo advierte sobre riesgos de seguridad en la zona de ubicación temporal anunciada por el Gobierno.
La reciente decisión del Gobierno Nacional de establecer una zona de ubicación temporal (ZUT) para el Frente 33 de las disidencias de las FARC en Tibú ha generado preocupación en distintos sectores, especialmente en la Defensoría del Pueblo.
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, expresó su inquietud por la posibilidad de que esta medida termine generando una «alianza institucional» entre las fuerzas armadas y el grupo armado ilegal, lo cual representaría un grave riesgo en una región que, según afirmó, no cuenta con condiciones de seguridad mínimas.
“El hecho de que la fuerza pública tenga que entrar a proteger una zona en la que operan actores armados no desmovilizados puede interpretarse como una forma de respaldo institucional”, advirtió Marín en declaraciones a medios nacionales.
El Frente 33, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, ha sido señalado como uno de los principales responsables de los enfrentamientos violentos ocurridos este año en el Catatumbo, donde los combates con el ELN dejaron más de 64.000 desplazados y al menos 117 homicidios.
El presidente Gustavo Petro anunció el pasado 3 de mayo la creación de esta zona de ubicación como parte de su estrategia de paz total. Sin embargo, la medida ha sido fuertemente cuestionada por expertos en seguridad y defensores de derechos humanos, quienes temen que se fortalezca la presencia armada de grupos ilegales bajo la sombra del respaldo estatal.
