Yamil Arana cuestionó con dureza la medida que transfiere a las gobernaciones y alcaldías el costo de la alimentación de personas privadas de la libertad en URIs y estaciones de policía, advirtiendo que afecta la autonomía fiscal y pone en riesgo programas sociales.
Una nueva carga administrativa y financiera recae sobre las gobernaciones y alcaldías del país desde el pasado 30 de junio, cuando entró en vigencia una medida que las obliga a financiar la alimentación de personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran detenidas en Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y estaciones de Policía.
En el caso del departamento de Bolívar, esta responsabilidad implica cubrir la alimentación de aproximadamente 3.000 detenidos, lo cual representa un fuerte impacto en las finanzas territoriales. Durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, realizado en Cartagena, el gobernador Yamil Arana Padauí manifestó con firmeza su rechazo a esta disposición.
“Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños. Entendemos el componente humanitario del asunto, pero esta no puede ser una competencia de los entes territoriales”, declaró el mandatario departamental.
La medida tiene su origen en un fallo de la Corte Constitucional de 2022, posteriormente convertido en ley por el Congreso de la República, lo que obligó a su implementación a partir de mediados de este año. Sin embargo, según Arana, dicha disposición vulnera la autonomía fiscal y operativa de las entidades territoriales, obligándolas a redirigir recursos que ya estaban comprometidos con otros programas sociales, como la alimentación escolar.
El gobernador hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para revisar esta legislación y buscar soluciones estructurales que no perjudiquen el desarrollo de los territorios ni la atención de las poblaciones más vulnerables.
Y.A.
