Aunque el Consejo de Estado anuló su elección por presunta doble militancia, expertos sostienen que Rafael Martínez podría volver a postularse en las elecciones atípicas, al no existir sanción ni muerte política en su contra.
La reciente decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, ha reactivado el escenario político y jurídico del departamento, abriendo paso a intensos debates sobre los efectos y alcances del fallo. El motivo de la anulación fue una supuesta doble militancia, una infracción que, si bien acarrea consecuencias políticas, en este caso no ha derivado en una sanción personal ni en la declaratoria de muerte política del dirigente de Fuerza Ciudadana.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Donaldo Duica Granados, el fallo, de naturaleza jurisdiccional y no sancionatoria, no impide que Martínez vuelva a postularse. “Martínez no fue sancionado, ni se le declaró la muerte política. El fallo es de naturaleza jurisdiccional, no sancionatoria, por tanto, no operaría la inhabilidad de reelección”, sostuvo el jurista, señalando además que los efectos del fallo serían ex tunc, es decir, que jurídicamente se borra el acto de elección, como si nunca hubiese existido.
Duica aclaró también que aunque puede solicitarse una aclaración del fallo, esto no detiene su ejecución. “La suerte está echada: se configura la falta absoluta, lo que obliga al presidente a pedir una terna de candidatos y convocar a elecciones atípicas en el mismo decreto”, puntualizó, haciendo referencia a la obligación del Ejecutivo de restablecer el orden institucional.
Una opinión similar fue expresada por el constitucionalista Xavier Molina, quien coincidió en que Rafael Martínez no está inhabilitado legalmente para participar en las elecciones atípicas que deberán convocarse. “A mi parecer y de acuerdo con la sala de consulta del servicio civil del Consejo de Estado, se deben realizar elecciones atípicas en el departamento; Rafael Martínez no fue sancionado ni le fue declarada la muerte política, por lo tanto, cualquiera de los candidatos, incluyendo al nulitado Martínez, puede postularse para esas elecciones”, afirmó Molina, despejando parte de la incertidumbre jurídica que circula en redes y medios.
La decisión del alto tribunal ha provocado una cascada de interpretaciones, muchas de ellas sin sustento legal. Una de las más discutidas ha sido la posible nulidad del nombramiento de la diputada Mallath Martínez, quien accedió a la Asamblea Departamental en virtud del Estatuto de la Oposición, tras haber sido la segunda candidata con más votos. Sin embargo, expertos señalan que no existe fundamento jurídico claro para invalidar su curul, pues su acceso fue reglamentado por una norma diferente y no está vinculado directamente con el fallo contra el gobernador.
Desde el ala política, la reacción no se hizo esperar. El líder y fundador de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, fue contundente al calificar la decisión como un intento de arrebatar por vía judicial lo que se ganó en las urnas. “Nos quieren quitar en un escritorio lo que el pueblo otorgó en las urnas. Vamos con más fuerza para recuperar el departamento y liberar al país de los mafiosos”, sentenció Caicedo, en una declaración cargada de tono combativo.
Además, defendió a Martínez, asegurando que la acusación de doble militancia fue desmentida y que la decisión responde a un intento de eliminar a Fuerza Ciudadana del escenario político. “Ningún tribunal puede anular la voluntad soberana. Esta es una causa nacional, y responderemos en las urnas con más convicción”, agregó Caicedo, quien anticipa una campaña intensa para las elecciones atípicas.
Lo cierto es que el departamento del Magdalena vuelve a estar en el centro del debate nacional, esta vez no por las propuestas de desarrollo o la gestión pública, sino por la pugna jurídica en torno al máximo cargo de elección popular en el territorio. El escenario está servido para un nuevo enfrentamiento político, donde el derecho, la estrategia electoral y el respaldo ciudadano serán determinantes.
Ante toda esta incertidumbre, lo que sí parece inevitable es que el presidente de la República deberá emitir un decreto convocando elecciones atípicas, y allí podría reaparecer el nombre de Rafael Martínez, amparado por un marco legal que, hasta ahora, no le impide intentarlo de nuevo.
Y.A.
