Gracias a la actuación preventiva de la Procuraduría, municipio de San Pedro, Sucre, se puso al día con las transferencias por concepto de subsidios a estratos 1, 2 y 3

  • El ente de control está realizando mesas de diálogo y vigilancia en diferentes regiones, con el fin de lograr que los municipios agilicen el deber legal de desembolsar los subsidios de servicios públicos a los estratos más necesitados. 
  • El Ministerio Público destacó que estas acciones preventivas están encaminadas al diálogo para construir consenso en los territorios. 
En el marco de la vigilancia preventiva que adelanta la Procuraduría General de la Nación en materia de servicios públicos, se requirió información al municipio de San Pedro, Sucre, relacionada con deficiencias en la transferencia de subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3 al operador SERVIASEO SA ESP, correspondientes a los periodos de diciembre de 2020 y vigencias 2021, 2022, 2023, 2024, y enero y febrero de 2025.
Gracias al seguimiento del ente de control, dicho operador informó que el pasado viernes 2 de mayo, el municipio realizó el desembolso de los subsidios adeudados desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2024, por un valor de $1.274.751.606, con el cual se pone al día en este rubro.
El Ministerio Público reiteró que es fundamental que los municipios y distritos asuman su responsabilidad de gestionar adecuadamente los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), garantizando la correcta ejecución y evitando situaciones que puedan poner en riesgo la prestación de los servicios. 
De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, los retrasos en el pago de los subsidios generan conflictos con los prestadores de los servicios que podrían derivar en consecuencias legales y administrativas que afectan la gobernanza territorial y el bienestar de los usuarios.
Por último, recordó que las actuaciones preventivas en búsqueda de diálogo para construir consensos se orientan a evitar la comisión de irregularidades que puedan afectar a la comunidad y, en consecuencia, generar responsabilidades a los servidores públicos o personas privadas encargadas de la prestación de servicios públicos.