El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los tiempos legislativos ya no permiten avanzar con la aprobación de la iniciativa antes del 20 de junio, fecha en la que expira su vigencia.
La reforma laboral del Gobierno del presidente Gustavo Petro, una de las banderas más ambiciosas de su agenda social, ha sido oficialmente desahuciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró esta semana que los tiempos legislativos no permiten su aprobación en el Congreso de la República. A pesar de que en el Senado aún se debate la posibilidad de revivirla a través de una apelación, para el Ejecutivo el proyecto ya no tiene viabilidad.
El debate sobre la apelación está en manos de una Comisión Accidental, creada para evaluar la solicitud de reactivación de la iniciativa, la cual se hundió previamente por falta de trámite. Sin embargo, los miembros de esta comisión no han llegado a un acuerdo sobre el informe que deben presentar ante la plenaria. A pesar de las expectativas generadas en torno a una definición esta semana, no se tomaron decisiones concretas, y la legislatura ordinaria está a punto de llegar a su fin.
“El proyecto cumple dos años el 20 de junio. Entonces, si hoy o la otra semana se pronunciaran, llegaría el 20 de mayo a la Comisión y hasta que se nombran ponentes, más la discusión de la Comisión, más la discusión de la plenaria, no dan 30 días. Luego ya está muerta. Así se apruebe la apelación, ya está muerta porque los tiempos no dan”, explicó Benedetti a los medios de comunicación.
La posición del Gobierno es tajante. Aunque el Senado vote a favor de revivir la reforma laboral, el proceso legislativo no podrá completarse dentro del calendario establecido. En caso de resurrección del proyecto, este deberá ser enviado a una Comisión Constitucional diferente a la Séptima, donde originalmente fue debatido. Dicha comisión tendría que comenzar la discusión desde cero, en un tercer debate, con un margen extremadamente estrecho antes del cierre del período legislativo.
Este escenario pone en evidencia no solo el fracaso temporal de una reforma clave para la agenda de cambio prometida por Petro, sino también las tensiones políticas al interior del Legislativo. El propio ministro del Interior reconoció que la relación entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República “no es la mejor”, aunque descartó que se trate de una crisis institucional. Según Benedetti, las diferencias son más de “carácter personal”, en especial con algunos senadores que integran la Comisión Séptima, epicentro de la resistencia legislativa a varias iniciativas del Ejecutivo.
Cabe recordar que la reforma laboral buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores, garantizar estabilidad en el empleo, limitar la tercerización laboral y dignificar las condiciones de trabajo en sectores históricamente precarizados. No obstante, desde su presentación al Congreso ha enfrentado un camino tortuoso: críticas de empresarios, bloqueos legislativos y falta de consenso político.
El naufragio de este proyecto se suma a la creciente lista de reformas que el Gobierno Nacional ha intentado impulsar sin éxito. En paralelo, el ministerio de Salud ha insinuado la posibilidad de convocar una consulta popular si la reforma a la salud tampoco logra ver la luz verde del Parlamento, lo que evidencia una estrategia del Ejecutivo para intentar saltar el cerco legislativo y buscar respaldo ciudadano directo.
El revés en la reforma laboral también deja al descubierto las limitaciones del Ejecutivo para articular mayorías parlamentarias estables, a pesar del llamado “acuerdo nacional” propuesto por el presidente Petro. En medio de un ambiente político crispado, y con el tiempo legislativo en contra, esta derrota simbólica podría significar un viraje en las prioridades del Gobierno para lo que resta del período.
La incertidumbre sobre el futuro de las reformas continúa, mientras el Ejecutivo redefine sus estrategias ante un Congreso que no cede fácilmente. Por ahora, el mensaje desde el Palacio de Nariño es claro: la reforma laboral está muerta. El desafío será cómo revivir el debate en una nueva legislatura, sin perder de vista que cada fracaso erosiona la legitimidad y capacidad de transformación del proyecto político del actual Gobierno.
Y.A.
