Los dos funcionarios fueron secuestrados en el municipio de Fortul mientras realizaban estudios de seguridad. La Fiscalía exige su pronta liberación.
La Fiscalía General de la Nación ha confirmado el secuestro de dos de sus funcionarios, Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, ocurrido el jueves 8 de mayo. Los funcionarios, quienes hacen parte de la seccional de la Fiscalía en Arauca, se encontraban realizando labores de seguridad en las inmediaciones de este municipio cuando fueron interceptados y secuestrados.
Según los primeros reportes, los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía viajaban en una camioneta cuando fueron detenidos por miembros del ELN en las afueras de Fortul, a las 11:57 de la mañana. Este grupo insurgente se atribuyó el secuestro mediante un comunicado emitido por el Frente de Guerra Oriental, Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, que opera en la región.
El secuestro de los funcionarios ha generado una inmediata reacción por parte de la Fiscalía, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y lograr la liberación de los secuestrados. La entidad también ha solicitado la intervención de las autoridades correspondientes para asegurar la pronta libertad de López Estrada y Pacheco Oviedo. «Este es un hecho que no solo afecta a la Fiscalía General de la Nación, sino a la sociedad colombiana, que está siendo víctima de las acciones violentas de grupos al margen de la ley», manifestó un vocero de la Fiscalía.
López Estrada y Pacheco Oviedo son oriundos de Arauca y, según las autoridades, se encontraban realizando estudios de seguridad en la región cuando se presentó el secuestro. Los dos funcionarios fueron interceptados mientras llegaban al municipio de Fortul, en una zona conocida por su actividad insurgente. Este hecho ha puesto en alerta a la población local y ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad en Arauca, donde las acciones del ELN han aumentado en las últimas semanas.
Además, el mismo día del secuestro de los funcionarios, un francotirador del ELN hirió a un soldado del Batallón Energético Vial, en la vereda Caranal, también en el municipio de Fortul. Este ataque, aunque no letal, contribuye a la creciente tensión en la región y a la incertidumbre sobre la seguridad de las autoridades y la población civil en áreas conflictivas.
La situación en Arauca ha estado marcada por varios secuestros de miembros de las fuerzas armadas y funcionarios públicos, con el ELN utilizando estos actos como herramienta de presión en su lucha armada. Apenas dos días antes, el 6 de mayo, fue liberado el soldado regular Jaiber Arley Castillo Guerrero, quien había sido secuestrado por el ELN en la zona rural de Puerto Rondón, en el mismo departamento de Arauca, el 1 de mayo. Castillo Guerrero había sido interceptado mientras se desplazaba de civil entre Puerto Rondón y Tame, Arauca, y fue liberado tras tres días en cautiverio.
El secuestro de los funcionarios de la Fiscalía ocurre en un contexto complejo en el que la violencia del ELN sigue siendo una preocupación para el gobierno y la sociedad colombiana. El gobierno de Gustavo Petro ha mostrado su compromiso con la paz, pero la violencia de grupos guerrilleros como el ELN sigue siendo un obstáculo significativo. A pesar de los esfuerzos por alcanzar una negociación de paz, los actos de violencia continúan, afectando tanto a las autoridades como a la población civil.
La Fiscalía General de la Nación ha expresado su condena rotunda a este acto de violencia y reiterado su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de sus funcionarios y de la población en general. Además, la entidad ha hecho un llamado urgente a la pronta liberación de los secuestrados, enfatizando que estos hechos no deben quedar impunes y que es esencial garantizar el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Este secuestro, al igual que los recientes ataques y secuestros perpetrados por el ELN, pone de manifiesto la necesidad urgente de soluciones duraderas en el conflicto armado colombiano, así como la protección de los derechos y la seguridad de quienes trabajan en instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la Nación.
La comunidad nacional e internacional sigue atentamente la evolución de los hechos, esperando que los responsables sean llevados ante la justicia y que se logre la pronta liberación de los dos funcionarios.
Y.A.
