El presidente Gustavo Petro defendió la viabilidad económica de la consulta popular, cuyo costo superaría los $600.000 millones, argumentando que los recursos provendrán de vigencias futuras y partidas desplazadas ya aprobadas en el presupuesto actual.
En medio de una de las coyunturas fiscales más críticas de las últimas dos décadas, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno tiene garantizados los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta popular, una iniciativa que, según estimaciones de expertos, podría tener un costo superior a los $600.000 millones para el Estado colombiano.
El anuncio fue hecho por el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló que sostuvo una reunión con el Registrador Nacional con el fin de abordar las fuentes de financiación de las elecciones previstas para finales de este año, las del próximo año y la eventual consulta, en caso de ser aprobada por el Congreso.
Petro afirmó que los fondos saldrán de vigencias futuras y del desplazamiento de partidas presupuestales, recursos que, según explicó, ya están aprobados dentro del presupuesto nacional actual. “No hay ningún problema para realizar la consulta popular”, sentenció.
Las declaraciones llegan en un contexto en el que el país enfrenta un déficit fiscal que alcanzó el -2,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2025, el más alto desde que se tienen registros comparables desde 2004. A ello se suma la dificultad del Gobierno para cumplir compromisos financieros recientes, como los pagos pendientes de subsidios a diversos sectores, el pago de la deuda de opción tarifaria con generadores de energía, y las restricciones presupuestales que han afectado iniciativas como la asignación de nuevos cupos educativos en el Icetex.
Sin embargo, el presidente minimizó estas dificultades fiscales y criticó a quienes cuestionan el uso de recursos públicos para financiar la consulta electoral. “Hay quienes con una pobreza mental enorme dicen que el gasto de la consulta no se debe hacer, y por tanto, no se debe efectuar la consulta, porque no estamos bien fiscalmente”, escribió en X.
Petro defendió la iniciativa aludiendo a los beneficios sociales que, según él, conllevaría: “Las ganancias sociales en términos de tiempo libre familiar, el menor estrés, la disminución de la inseguridad ciudadana, el crecimiento del mercado interno, y el aumento de la productividad, representan una cifra que, en el tiempo, multiplican varias veces el costo presupuestal de la consulta popular”, afirmó el mandatario.
No obstante, el presidente no ofreció detalles sobre cuáles proyectos con recursos comprometidos mediante vigencias futuras podrían verse afectados por el cambio en la destinación de partidas. Esta omisión ha generado preocupación en diversos sectores que temen que la ejecución de obras claves de infraestructura —como colegios, hospitales y vías en zonas rurales— se vea afectada.
Cabe recordar que desde hace meses Petro y su gabinete han sido críticos con los gobiernos anteriores, a quienes acusan de haber comprometido los recursos de vigencias futuras en grandes proyectos viales que, según sus palabras, “solo les sirven a los dueños de camiones que son también los dueños del capital”.
Esta afirmación refuerza la narrativa oficial de que los recursos públicos deben redirigirse hacia objetivos de mayor “rentabilidad social”, pero también plantea dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia de financiamiento del Ejecutivo en un entorno de crisis fiscal.
Analistas advierten que el uso de vigencias futuras para financiar un proceso electoral, en lugar de destinarlas a proyectos de largo plazo, podría tener consecuencias negativas para la estabilidad financiera y la planificación del país. Además, señalaron que recurrir al desplazamiento de partidas sin una justificación técnica clara pone en entredicho la transparencia del manejo presupuestal.
En lo político, la insistencia del Gobierno en llevar a cabo la consulta se interpreta como un intento por consolidar el respaldo ciudadano a su programa de reformas, que ha enfrentado obstáculos en el Congreso. No obstante, la consulta popular aún debe superar el filtro del Senado, que deberá aprobar su realización en los próximos meses.
Mientras tanto, sectores de oposición y algunos organismos de control preparan pronunciamientos sobre la legalidad y conveniencia de utilizar recursos que, aunque aprobados en el presupuesto 2025, tienen destinación específica para programas estratégicos.
La discusión sobre el costo de la democracia, el uso de los recursos públicos y la definición de prioridades del Estado continúa abierta. Lo que es claro por ahora es que el presidente Petro está decidido a llevar la consulta popular hasta las últimas consecuencias, aun cuando eso implique tensar aún más las ya frágiles cuerdas de la financiación pública en Colombia.
Y.A.
