A pocos días de la votación en el Senado, líderes del Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical consolidan una estrategia para bloquear el mecanismo que permitiría a la ciudadanía decidir sobre la reforma laboral.
En medio de un panorama político cada vez más tenso, la oposición política en Colombia se está movilizando con fuerza para frenar la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, la cual busca que la ciudadanía se pronuncie en las urnas sobre la reforma laboral. La decisión definitiva se tomará los días 13 y 14 de mayo en el Senado, donde las bancadas oficialistas y opositoras están desplegando intensas estrategias para inclinar la balanza a su favor.
El pasado miércoles 7 de mayo, se llevó a cabo una reunión clave entre representantes de los tres principales partidos de oposición: el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical. En el encuentro participaron figuras relevantes como la senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda; por el Centro Democrático asistieron su director Gabriel Vallejo y el senador Carlos Meisel; mientras que por Cambio Radical estuvieron presentes el senador Carlos Fernando Motoa y el director del partido, Germán Córdoba.
Aunque no se logró una posición única entre estas colectividades, sí se concretó una decisión común: fortalecer el bloque opositor para evitar que la propuesta del Ejecutivo avance. De acuerdo con los líderes opositores, ya cuentan con al menos 30 votos para rechazar la solicitud, argumentando que la consulta es inconveniente, que se sustenta en afirmaciones alejadas de la verdad, y que no se ha presentado un análisis serio sobre su impacto fiscal.
El siguiente paso para este bloque es lograr convencer a otras fuerzas políticas, particularmente a los senadores cristianos, a varios integrantes del Partido Liberal, y a un grupo de congresistas de la Alianza Verde. Según los cálculos de los estrategas de la oposición, si logran consolidar este respaldo adicional, podrían superar los 40 votos en contra, lo que bastaría para hundir la consulta popular en la plenaria.
Desde el lado del oficialismo, el Pacto Histórico ha respondido con firmeza a la ofensiva opositora. La senadora María José Pizarro denunció públicamente la existencia de un “cónclave” de la política tradicional que, según ella, busca “acabar a como dé lugar con las fuerzas progresistas de Colombia” e impedir la unidad del movimiento oficialista.
“Se está desarrollando un cónclave con participación de los varones de la política tradicional del país que conspiran para acabar, a como dé lugar, con las fuerzas progresistas de Colombia, impidiendo a toda costa la unidad del Pacto Histórico y la consulta popular”, aseguró Pizarro en un duro pronunciamiento.
Además, lanzó una alerta institucional: “Pretenden mover los hilos del poder e impedir esta unidad y el voto popular de los colombianos y de las colombianas. La verdad nos tienen miedo, nos quieren dividir, le tienen pánico al pueblo como jefe de la democracia. Solicitamos garantías al Consejo Nacional Electoral en sus decisiones, también a la mesa directiva del Senado en el trámite de la consulta”.
Mientras tanto, partidos clave como La U, Liberal, Alianza Verde y varios independientes, aún no han tomado una postura definitiva. En los próximos días se prevén reuniones internas en estas colectividades para definir si respaldarán la propuesta del Gobierno o se sumarán al bloque opositor.
La fecha crucial ya está marcada: el miércoles 14 de mayo, la plenaria del Senado decidirá si aprueba o rechaza la iniciativa del presidente Petro de someter a consulta popular la controvertida reforma laboral, considerada por sus defensores como una herramienta para dignificar el trabajo en Colombia y por sus detractores como una propuesta riesgosa y populista.
Independientemente del resultado, lo cierto es que el país presencia una nueva pugna entre el Ejecutivo y las fuerzas tradicionales del Congreso, en la que no solo está en juego una política laboral, sino también el rumbo democrático del país y el alcance de los mecanismos de participación ciudadana.
Y.A.
