Pese a haber negado la crisis por meses, el ministro Edwin Palma admite ahora que sin respaldo económico del Estado, Air-e podría ser liquidada. Superservicios advierte que no tiene dinero ni solución para afrontar la emergencia que afecta a 1,3 millones de usuarios.
La crisis eléctrica en la región Caribe ha entrado en una etapa crítica. Después de meses de desestimar las advertencias de los gremios del sector, el propio Ministerio de Minas y Energía ha tenido que reconocer la existencia de un inminente “apagón financiero” en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios donde opera la empresa Air-e, actualmente intervenida por el Estado.
A través de una carta oficial enviada al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez Aldana, el ministro Edwin Palma admite la inviabilidad operativa de la empresa sin un respaldo concreto por parte de las autoridades.
En el documento, el Ministerio señala que las medidas regulatorias y administrativas implementadas hasta el momento son insuficientes. Advierte que, sin un apoyo real del Fondo Empresarial, administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), la continuidad de Air-e está en riesgo, al punto de que se empieza a considerar su liquidación como salida inevitable. El ministro Palma, que en múltiples ocasiones responsabilizó a las empresas generadoras de «voracidad» por las crecientes tarifas, ahora se ve obligado a aceptar que la situación de Air-e se ha tornado insostenible.
La reacción desde la Superservicios, sin embargo, no fue más alentadora. En un debate desarrollado el pasado martes en la Comisión Quinta del Senado, el superintendente Márquez fue enfático: «no hay dinero, ni solución para el problema de Air-e». Explicó que el saldo actual del Fondo Empresarial apenas llega a $166 mil millones, una cifra que debe repartirse entre 13 empresas intervenidas, incluyendo Air-e. Esto contrasta fuertemente con los $2,8 billones que, según la agente interventora Diana Bustamante, se requieren este año únicamente para mantener el flujo de caja de la compañía.
La dimensión del problema es enorme. Según cálculos oficiales, la deuda de Air-e con las empresas generadoras de energía asciende ya a $3,3 billones, cifra que pone en jaque no solo a la empresa, sino a todo el ecosistema energético de la región. La consecuencia directa es que alrededor de 1,3 millones de usuarios se encuentran al borde de sufrir interrupciones del servicio, lo que afectaría también al comercio, la industria y el aparato productivo de tres de los departamentos más estratégicos del norte colombiano.
La intervención estatal sobre Air-e, que comenzó hace siete meses bajo la promesa de recuperar la empresa y garantizar la continuidad del servicio, ha fracasado en su objetivo. Lejos de estabilizar la situación, la crisis se ha profundizado. La intervención, que pretendía ser una solución temporal, hoy parece haber dejado expuestos los límites financieros y estructurales del Estado para manejar empresas del sector energético sin una verdadera estrategia de rescate.
La posición del ministro Palma representa un giro notable en el discurso oficial. Inicialmente, su narrativa se centraba en acusar a las empresas generadoras de ejercer una presión desmedida para obtener mayores márgenes de rentabilidad. Sin embargo, la evidencia acumulada y la presión de los gremios eléctricos han terminado por forzar el reconocimiento de una crisis que podría detonar en un colapso energético de gran escala.
Lo más preocupante es que, mientras los funcionarios se cruzan señalamientos y documentos, el tiempo corre en contra de la estabilidad eléctrica de la región. La ausencia de una hoja de ruta clara, sumada a la falta de recursos para cubrir los compromisos básicos de Air-e, ha generado un entorno de incertidumbre que amenaza con desatar consecuencias sociales y económicas de grandes proporciones.
Expertos del sector han advertido que la situación no solo es técnica y financiera, sino también institucional. El Estado, afirman, carece de los instrumentos necesarios para intervenir eficazmente empresas tan críticas sin comprometer su sostenibilidad. «El Fondo Empresarial nació para apoyar contingencias, no para sostener empresas durante años», explicó un exfuncionario del sector que pidió no ser identificado.
En paralelo, usuarios y líderes regionales han comenzado a alzar la voz exigiendo soluciones urgentes. Para muchos, el panorama actual revive los peores años de Electricaribe, cuando los constantes cortes de luz y la mala calidad del servicio eran la norma en toda la región Caribe.
Así, con una empresa endeudada hasta el cuello, un fondo empresarial con recursos escasos, una administración sin respuestas claras y una población al borde del colapso energético, Colombia enfrenta un reto que no solo es técnico ni presupuestal, sino también político. En juego está la credibilidad del modelo de intervención estatal, la gobernabilidad del sector eléctrico y, sobre todo, la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Y.A.
