Operar en regiones afectadas por conflictos armados representa un desafío significativo para las multinacionales, que deben navegar en entornos extremadamente volátiles donde las garantías de seguridad son mínimas y la presencia de actores armados ilegales dificulta las operaciones cotidianas. Las empresas que se ven obligadas a operar en estos entornos se enfrentan a riesgos tanto legales como operativos. Además de las amenazas directas a la seguridad de sus empleados, las compañías deben lidiar con la presión de grupos armados que exigen pagos para garantizar la seguridad de sus instalaciones y activos. Sin embargo, las implicaciones de estas decisiones pueden ser profundas, afectando la reputación de la empresa y generando consecuencias legales de gran envergadura. Casos como los de Drummond, Chiquita Brands y ExxonMobil ilustran de manera clara los dilemas éticos y legales que enfrentan las organizaciones al operar en regiones conflictivas.
El precio de la seguridad: caso Chiquita Brands
Durante los años 90 y principios de los 2000, la multinacional bananera Chiquita Brands operó en el Urabá antioqueño, región controlada por diversos grupos armados ilegales. Bajo este panorama, Chiquita enfrentó acusaciones de haber realizado pagos a los paramilitares para garantizar la seguridad de sus instalaciones y empleados. El caso llegó a tribunales tanto en Colombia como en Estados Unidos. En 2007, Chiquita Brands reconoció ante el Departamento de Justicia de EE. UU. haber entregado, de manera no voluntaria, alrededor de 1,7 millones de dólares a estos grupos durante más de diez años. La compañía acordó pagar una multa de 25 millones de dólares como parte de un acuerdo, tras reconocer que realizó estos desembolsos bajo coacción, en un clima de amenazas constantes.
Además, la empresa fue demandada por víctimas del conflicto, quienes argumentaron que los pagos de Chiquita habían contribuido a la violencia en la región. En 2024, un tribunal de EE. UU. ordenó a Chiquita pagar 38 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas del conflicto en Urabá, como parte de un acuerdo judicial.
Durante el proceso legal, surgieron controversias sobre la credibilidad de los testimonios en contra de Chiquita Brands, tras conocerse que algunos exmiembros de grupos paramilitares recibieron dinero de abogados que representaban a las víctimas. Estos pagos, inicialmente presentados como “ayudas humanitarias”, fueron interpretados por Chiquita y Drummond como posibles sobornos destinados a influir en el desarrollo del juicio. A pesar de los cuestionamientos, la bananera Chiquita Brands ha mantenido que sus decisiones estuvieron motivadas por la necesidad de proteger a su personal, y no por una colaboración voluntaria con los grupos armados.
El caso Drummond: La controversia de su presencia en Colombia
La historia de Drummond Company es igualmente compleja. Una de las mayores productoras de carbón de los Estados Unidos, tuvo presencia en Colombia durante la década de 2000, cuando el país atravesaba un conflicto armado con grupos guerrilleros y paramilitares. La empresa fue acusada de financiar indirectamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para proteger sus minas en el departamento del Cesar, en el norte del país. Los pagos a estos grupos armados fueron reportados como una medida de «seguridad» frente a las amenazas de violencia y extorsión.
En 2007, un tribunal de los Estados Unidos multó a Drummond con 22 millones de dólares por su vinculación con estos grupos armados. Aunque la compañía negó las acusaciones de apoyo financiero directo a los paramilitares, el caso mostró la gravedad de los dilemas a los que se enfrentan las empresas cuando operan en regiones donde el control territorial está disputado por actores ilegales. Drummond también ha estado involucrada en otras investigaciones judiciales sobre su papel en la violencia en Colombia, y su reputación internacional se vio gravemente afectada por estos vínculos. En un informe publicado por el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), se detalló cómo la empresa presuntamente colaboró con grupos armados para mantener sus operaciones, lo que generó una serie de demandas civiles por parte de víctimas del conflicto.
Caso ExxonMobil y los desafíos éticos
Por su parte, ExxonMobil, una de las principales multinacionales petroleras a nivel global, estuvo también en el centro de la controversia por su implicación en el conflicto armado colombiano durante las décadas de los 90 y 2000. En ese período, la compañía operaba en zonas de extracción de petróleo en Colombia, muchas de las cuales estaban bajo el control de grupos armados ilegales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares.
Se ha señalado que, aunque ExxonMobil no fue directamente atacada, su presencia en estas áreas, marcadas por la violencia y la extorsión, permitió que los grupos armados financiaran sus actividades mediante secuestros y cobros de «impuestos» a las empresas. El sector petrolero, siendo una de las mayores fuentes de ingresos en la región, se convirtió en un punto de interés estratégico para los grupos ilegales.
A pesar de las acusaciones, ExxonMobil nunca fue formalmente acusada de complicidad directa en los crímenes perpetrados por estos grupos armados. Sin embargo, investigaciones y denuncias de organizaciones como Human Rights Watch han subrayado la falta de medidas efectivas por parte de la empresa para evitar que sus operaciones contribuyeran indirectamente al financiamiento de los grupos armados.
El dilema de la responsabilidad corporativa en entornos de alto riesgo
La situación de Chiquita Brands, Drummond Company y ExxonMobil evidencia los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales al operar en entornos marcados por la violencia y la inestabilidad. La presión ejercida por grupos armados ilegales, la falta de garantías estatales para la seguridad y la necesidad de proteger a los trabajadores plantean problemas de gran complejidad.
Estas empresas no son las únicas, situaciones similares han afectado a otras compañías del sector agrícola y extractivo en distintas partes del mundo, lo que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad corporativa en contextos de conflicto armado. Mientras algunos sostienen que las compañías deben asumir las consecuencias de cualquier interacción con actores ilegales, otros argumentan que los pagos realizados bajo coacción no pueden considerarse como colaboración voluntaria, sino como una medida de supervivencia ante amenazas directas.
A medida que los casos judiciales continúan, queda claro que las multinacionales necesitan establecer marcos regulatorios más claros y mecanismos de protección para garantizar que puedan operar sin verse forzadas a tomar decisiones que puedan dañar su reputación y generar conflictos legales a largo plazo.
