Camilo Sánchez advierte que el sector eléctrico y de gas habría colapsado sin la intervención de los entes de control, mientras se aproxima una reunión clave para garantizar nuevos desembolsos.
En medio de una creciente tensión por la deuda acumulada en subsidios energéticos, el Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, y los ministerios de Hacienda y Minas y Energía sostendrán una reunión crucial la próxima semana. El objetivo: destrabar los pagos pendientes que comprometen la estabilidad financiera del sector eléctrico y de gas del país.
La advertencia fue emitida por Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional, quien aseguró que, de no haber mediado la intervención de los órganos de control, el sector ya habría colapsado. “Si no hubiera estado el contralor y el procurador, estaría ya quebrado el sector eléctrico y de gas”, afirmó el dirigente ante medios de comunicación.
Gracias a un llamado de urgencia emitido por la Procuraduría y la Contraloría, el Gobierno ha desembolsado alrededor de 1,4 billones de pesos correspondientes a subsidios acumulados. Sin embargo, según Sánchez, esta cifra aún es insuficiente y urge completar los pagos antes de finalizar mayo para evitar una crisis estructural.
“Los subsidios son una obligación, no un regalo. Esa plata ya se entregó por parte de las empresas y esto no es para enriquecer a las empresas”, recalcó. Subrayó que los recursos fueron aplicados a los estratos 1, 2 y 3, y que la falta de cumplimiento en los pagos compromete la estabilidad de muchas empresas, en especial las empresas públicas que prestan el servicio en zonas vulnerables.
Una de las situaciones más preocupantes está en la región Caribe, donde la empresa Aire, operadora del servicio eléctrico en varios departamentos, se encuentra en una posición crítica. Sánchez reveló que el propio ministro de Minas advirtió a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre el riesgo inminente: “Si no entrega los recursos, se va a quebrar Aire, y si se quiebra Aire se pone en riesgo sistémico el país”.
La deuda acumulada del Estado con las empresas prestadoras del servicio ha venido creciendo mes a mes. “El año pasado terminamos con 2,8 billones de pesos de deuda de subsidios. En abril terminamos con 3,1 billones. Creció más o menos en promedio 80.000 millones de pesos mensuales porque estamos pagando menos de lo que se tiene que pagar”, detalló Sánchez.
El dirigente gremial hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que aclare la postura del Gobierno frente a los subsidios. “Si el presidente quiere no pagar subsidios hasta el futuro, tiene que decirle a la gente que no lo va a hacer”, afirmó, solicitando al Ejecutivo ser transparente con la ciudadanía.
La reunión de la próxima semana reunirá al procurador general, Margarita Cabello, al contralor en funciones, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con la finalidad de garantizar un nuevo desembolso y establecer un cronograma viable que asegure los pagos en adelante.
Sánchez recordó que, en una primera reunión, el ministro de Hacienda logró destrabar 1 billón de pesos con un mecanismo de desembolso urgente. “Esta vez, instamos a que se aceleren esos recursos y que ya no nos digan que hay problemas de caja”, exigió.
Además, advirtió que de no resolverse la situación, podrían presentarse apagones programados en varias zonas del país, en especial en la costa Caribe, afectando a millones de ciudadanos.
El presidente del Consejo Gremial también hizo hincapié en la necesidad de que el presupuesto nacional priorice los recursos para cumplir con estas obligaciones legales: “Hay que en el presupuesto nacional priorizar los recursos y pagar los subsidios”.
Los gremios temen que el desfase en los pagos termine socavando la confianza de los operadores del servicio y afectando la calidad y continuidad del suministro de energía y gas en zonas vulnerables.
En un contexto de creciente preocupación, esta reunión podría ser determinante no solo para el sector energético, sino para la credibilidad del Gobierno frente a sus compromisos con los sectores más vulnerables del país.
Y.A.
