La Junta Central Electoral enfrenta graves acusaciones por desfalcos, opacidad financiera y una abstención sin precedentes entre los dominicanos en el extranjero, lo que profundiza la desconfianza de la diáspora en el sistema electoral.
La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana, institución encargada de garantizar procesos electorales transparentes y administrar el registro civil y los recursos públicos asignados a las elecciones, atraviesa una de las peores crisis de legitimidad en su historia reciente. En los comicios del 19 de mayo de 2024, las cifras de abstención entre los dominicanos residentes en el exterior alcanzaron niveles sin precedentes, reflejando un profundo desencanto con el sistema político-electoral del país y una creciente percepción de corrupción e impunidad.
El desinterés no es casual. A lo largo de los últimos años, la JCE ha acumulado cuestionamientos por su débil capacidad de supervisión en el extranjero. Desde desfalcos económicos con fondos públicos hasta fraudes electorales documentados y un deterioro general de los servicios que prestan las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE), la realidad ha dejado atrás cualquier discurso oficialista sobre participación democrática.
En las elecciones de 2024, la abstención fue aplastante. En la Circunscripción No. 1, que abarca Estados Unidos y Canadá, solo el 8% del padrón de 549,553 votantes acudió a las urnas. En la Circunscripción No. 2 (América Latina y el Caribe), la abstención llegó al 86%, y en la Circunscripción No. 3 (Europa), superó el 75%. Estos números hablan por sí solos: millones de dominicanos han decidido retirarse del proceso electoral como forma de protesta silenciosa.
Y mientras el pueblo se aleja, los cuestionamientos aumentan. Uno de los más graves tiene que ver con la negativa de la JCE a entregar el informe financiero completo sobre los gastos electorales en el exterior correspondientes al 2024. El periódico El Faro Latino, que lleva años investigando las irregularidades de este organismo, solicitó formalmente el acceso a esta documentación a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP) el 21 de octubre de 2024. Sin embargo, solo ha recibido evasivas: prórrogas injustificadas y documentos parciales que impiden esclarecer el uso de los recursos públicos.
Ante esta situación, El Faro Latino decidió acudir a la justicia. Su equipo legal, encabezado por la abogada Dra. Fanny Castillo, interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, exigiendo que la JCE cumpla con su deber constitucional de transparencia. Aunque por ley este tipo de recursos debe ser respondido con celeridad, los abogados de la Junta solicitaron una nueva prórroga, lo que ha pospuesto la audiencia para el 28 de mayo de 2025. El caso será conocido por el magistrado Román A. Berroa Hiciano, presidente de la Cuarta Sala de dicho tribunal.
Pero los escándalos no comenzaron en 2024. En las elecciones del 2020, El Faro Latino ya había documentado una malversación de US$4,618,696.76 del presupuesto electoral destinado al exterior, cifra que representaba más del 64% de los US$7,179,625.20 asignados para ese proceso. El caso fue depositado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pero hasta la fecha no ha habido avances, evidenciando la inacción judicial frente a delitos que afectan directamente la legitimidad democrática.
Lo que está en juego no es menor. La diáspora dominicana, que en 2024 envió 10,756 millones de dólares en remesas —el 8.6% del PIB nacional—, es pilar fundamental de la economía del país. Sin embargo, sus voces son ignoradas, sus votos manipulados y sus derechos vulnerados. La desconexión entre los partidos políticos y los intereses de los dominicanos en el extranjero ha generado una brecha de representación que amenaza con erosionar aún más la confianza en las instituciones.
El próximo 28 de mayo será una fecha clave. Si la justicia dominicana decide actuar con firmeza, el país podría comenzar a recuperar la credibilidad perdida. Pero si se impone nuevamente la opacidad y la complicidad institucional, el mensaje para la diáspora será claro: su voto no solo no cuenta, sino que también se usa para justificar el desvío de fondos, el clientelismo y la corrupción electoral.
En palabras de una fuente cercana a la investigación: “La JCE ha convertido el voto en el exterior en un negocio rentable para unos pocos y en una farsa para la mayoría. El pueblo ya no cree, porque tiene memoria”.
Y.A.
