La militarización en la frontera entre México y Estados Unidos ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el creciente peligro al que se enfrentan los migrantes en su intento por cruzar hacia territorio estadounidense.
A pesar de la notoria disminución del flujo migratorio en los últimos meses, la Guardia Nacional de Texas continúa reforzando la franja fronteriza con barreras de alambre de púas a orillas del río Bravo, justo en la línea divisoria entre ambos países. Esta estrategia, que obedece a una directriz instaurada durante la administración de Donald Trump, ha convertido el área en una zona de vigilancia militar permanente.
El pastor Juan Fierro García, quien dirige el albergue Buen Samaritano en Ciudad Juárez, alertó sobre las consecuencias de esta política para quienes se encuentran en situación de movilidad. Según el líder religioso, la presión sobre los migrantes ha aumentado significativamente debido al incremento de controles por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas.
“Desde el inicio de este mandato presidencial, hemos sido testigos de cómo se incrementan los obstáculos, la presencia militar y los operativos de patrullaje a lo largo de la frontera. Esto pone en riesgo la vida e integridad de los migrantes que buscan una mejor oportunidad”, expresó Fierro en diálogo con medios de comunicación.
Diversas organizaciones han coincidido en que la estrategia de contención violenta y la criminalización del tránsito migrante podrían derivar en una crisis humanitaria, por lo que instan a ambos gobiernos a garantizar una respuesta con enfoque de derechos humanos.
