Por Orlando Andrade Gallardo
El debate laboral continúa generando discusiones sobre los derechos que tienen los trabajadores colombianos de exigir sus justas prestaciones sociales, la organización que agrupa a los pequeños industriales, Acopi, manifestó que de aprobarse la reforma, únicamente por pago extras y feriados el costo adicional de una microempresa sería de $280 mil millones. El centro de investigaciones Fedesarrollo anunció que se perderían 451.321 empleos y acabaría con la formalidad laboral.
Los colombianos no entendemos como muchas empresas con promedio de 80 trabajadores antes del 2002, año que cercenaron sus derechos laborales no tuvieron problemas económicos y ampliaron sus negocios con más obreros, siempre pagando todas sus prestaciones de ley. Hoy sus representantes se quejan por el pago de horas extras. El punto de reflexión es que ese discurso patético, especulativo e hipotético sirve para sembrar pánico y zozobra económico en la población que sufre diariamente por conseguir su sustento, debe cambiar. Lo real y verdadero, es que las dos instituciones pueden comprobar que los empresarios durante 23 años dejaron de pagar a los trabajadores más de 43 billones de pesos y el gobierno del cambio solicita se restituya sus derechos, con la reforma laboral. Por lo anterior invitamos a los empresarios, sus organizaciones gremiales y entidades como Fedesarrollo que calculen el alivio y tranquilidad financiera, de cientos de miles de familias el haber recibido esos dineros, seguramente su calidad de vida hubiera cambiado, invertir en arreglo de vivienda, mejorar la educación a sus hijos, la dieta alimentaria sería más rica y podría alcanzar para recrease. Los beneficios colaterales serían para el Estado incrementando sus impuestos, aumento en la producción empresarial, el mercado de consumo se incrementaría, más circulación de dinero, es decir un gana-gana para todos, y seguramente Colombia dejaría de ser un país paria en desigualdades sociales.
Los expertos financieros de Correa y Mejía además, centrarán sus inquietudes y conocimientos estadísticos sobre los perjuicios de contratar a los discapacitados y pago por licencia a las trabajadoras por su estado de menstruación, que según ellos causan desempleo, en estas condiciones consideran a las personas con ciertas patologías como desechables. Estos señores más bien deben investigar las bondades económicas que originaría aprobar la reforma laboral, el otro estudio debe apuntar de ayudar a los empresarios como pueden generar más empleos y no encasillarse que la reforma fomenta el desempleo. Los gobiernos progresistas tienen claro y para nadie es un secreto que a mayor ingreso de los trabajadores el desempleo disminuye, porque ayuda al crecimiento económico y empresarial. Desde el inicio del gobierno del cambio los fuertes enfrentamientos con los gremios quienes afirmaban que al incrementar el salario a dos dígitos aumentaría el desempleo y ha sucedido todo lo contrario, se redujo a un dígito, y la inflación el enemigo silencioso de los trabajadores, igualmente. Los problemas coyunturales de la nación es donde deben apuntar los expertos que se han dedicado a criticar a Petro para debilitarlo por no atender sus pretensiones, una de las más importantes es lograr la sostenibilidad del Estado en todos sus sectores para minimizar los problemas. Alcanzar la gobernabilidad del país, donde todos intervengan, posibilita disminuir la pobreza multidimensional que padece Colombia, el fenómeno se evidencia en las grandes brechas sociales que existen en el territorio, especialmente el sur con 70% de pobreza, contrario en la capital y otros ciudades que no alcanzan el 7%. La política pública de los gobiernos debe garantizar la sostenibilidad y la inclusión social para avanzar, marginar a un sector de la población y cercenar sus oportunidades, se aleja del crecimiento económico. Es necesario que el crecimiento sostenible, la equidad y el ordenamiento territorial deben subyacer en el diseño de todas las políticas públicas, ignorarlas es fatal para cualquier gobierno.
La política del empleo debe humanizarse con un rostro que muestre al hombre en todas sus dimensiones, que el trabajador sea valorado, no como una mercancía, sino un ser social. Bajo estas perspectivas podemos caracterizar el trabajo como una actividad digna y tridimensional, y no sujeta a leyes oscuras y obsoletas, cuyo único fin es la rentabilidad del empresario. La dignificación del trabajo no puede depender únicamente del contrato amañado e inflexible, sin derechos a exigir un trato respetuoso y remuneración justa que pueda cubrir sus necesidades. Es determinante para que haya justicia laboral, se requiere de un diálogo fraternal y de amistad, que construya consenso duradero.
