El proyecto de saneamiento básico, con una inversión superior a los $37.500 millones, permanece inconcluso mientras crecen las sospechas de corrupción en la Gobernación del Atlántico.
Mientras las calles de los barrios Alfonso López y Las Delicias siguen inundadas de aguas negras, los habitantes de este municipio aún esperan la culminación del sistema de alcantarillado que les fue prometido hace seis años. El proyecto, iniciado en 2019 bajo la administración del entonces gobernador Eduardo Verano, ha sido objeto de múltiples suspensiones y prórrogas sin sanciones aparentes ni avances significativos.
El contrato principal, conocido como “Cuenca 2”, fue adjudicado al Consorcio THM por un valor inicial de $16.861 millones. La obra debía ejecutarse en 12 meses, pero seis años después aún no se entrega. A esto se suma el contrato de interventoría, que ha pasado de $879 millones a más de $1.547 millones debido a adiciones presupuestales que representan un aumento del 76 %.
A lo largo del proceso, se han registrado al menos seis suspensiones, con justificaciones que van desde la pandemia hasta la necesidad de revisar cronogramas. Estas interrupciones han alimentado las denuncias de una “corrupción legalizada”, en la que las normas son utilizadas para perpetuar el desvío de recursos públicos bajo una apariencia de legalidad.
Empresas como HM Ingeniería y Ticom S.A., vinculadas previamente a proyectos fallidos en Tolima y Santa Marta, han sido beneficiadas nuevamente con millonarios contratos en el Atlántico, a pesar de sus antecedentes. Esta continuidad evidencia una red de favores políticos y falta de controles efectivos.
La situación no solo afecta la infraestructura del municipio, sino que ha generado una profunda sensación de abandono entre los habitantes. Muchos de ellos afirman haber perdido la esperanza de ver funcionando el sistema de alcantarillado, resignados a convivir con la insalubridad y los malos olores.
Expertos en contratación pública y pensamiento sistémico coinciden en que lo ocurrido en Palmar de Varela no es un hecho aislado, sino un ejemplo de cómo opera un sistema corrupto que se adapta a los cambios de gobierno y mantiene los flujos de recursos hacia contratistas favorecidos, sin importar el impacto en las comunidades.
Aunque los documentos públicos dejan en evidencia la cadena de incumplimientos, hasta el momento no se han impuesto sanciones ni se han abierto investigaciones que comprometan a los responsables. La Gobernación del Atlántico fue consultada para este reportaje, pero no ofreció declaraciones.
La comunidad exige respuestas claras, soluciones urgentes y justicia frente a lo que consideran una burla prolongada. La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿cuántas prórrogas más y cuántos millones adicionales se necesitarán antes de que alguien asuma la responsabilidad por este escándalo?
