Los exguerrilleros del Bloque Caribe son responsables de 827 secuestros, incluidos los de la exministra Consuelo Araújo Noguera y el exministro Fernando Araújo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso significativo en el proceso de justicia transicional en Colombia al imputar delitos de guerra y lesa humanidad a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las extintas FARC-EP. En un anuncio realizado desde Valledupar, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll destacó que los imputados son responsables de 827 secuestros, tanto individuales como colectivos, cometidos en varias regiones del país, incluyendo Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla. Este pronunciamiento es uno de los avances más relevantes en el esclarecimiento de crímenes ocurridos durante el conflicto armado colombiano.
Entre las víctimas más emblemáticas de esta serie de secuestros se encuentran la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, y el exministro Fernando Araújo Perdomo, quienes fueron secuestrados en el contexto de un conflicto que también involucró a la guerrilla en una disputa por poder y recursos.
La magistrada Lemaitre explicó que la estructura del Bloque Caribe fue responsable de aproximadamente el 15% de los secuestros atribuibles a las FARC-EP. Este bloque, en particular, se destacó por llevar a cabo prácticas tan crueles como retenes ilegales o conocidas como “pescas milagrosas”, mediante las cuales secuestraban a civiles, autoridades y políticos. Estos crímenes fueron parte de un patrón de violencia en el que las víctimas eran utilizadas para obtener dinero, presionar por intercambios de guerrilleros presos o consolidar el control territorial.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP también documentó una serie de crímenes adicionales cometidos por este bloque, entre ellos homicidios, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. Las víctimas de este bloque fueron principalmente utilizadas como instrumentos para presionar a los gobiernos locales o nacionales y a otras organizaciones armadas en su lucha por el control de las regiones.
Además, el gremio ganadero se vio especialmente afectado por esta estructura, dado que se le señalaba como un supuesto aliado del paramilitarismo, lo que intensificó las dinámicas de violencia en algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Los exguerrilleros imputados por estos crímenes son Abelardo Colorado, Osmany Landero, Gilberto de Jesús Giraldo, Luis Cuadras Solórzano y Uriel Oviedo.
A pesar de la gravedad de los cargos, Lemaitre aclaró que los exintegrantes de las Farc seguirán bajo el régimen de condicionalidad, lo que significa que aunque continúan en libertad, deben cumplir ciertas restricciones. Estos exguerrilleros deben presentarse cuando se les convoque, no pueden salir del país sin la autorización de la JEP y deben seguir comprometidos con el proceso de reincorporación que les permite reinsertarse a la vida civil.
El caso de Consuelo Araújo Noguera es uno de los más emblemáticos de este proceso judicial. La magistrada Lemaitre recordó que los autores materiales de su secuestro y posterior asesinato actuaron bajo órdenes generales del Bloque Caribe, cuya instrucción era secuestrar políticos y evitar que el Ejército pudiera rescatarlos con vida.
La familia de Consuelo Araújo Noguera ha expresado su malestar por la tardanza en el proceso judicial. Andrés Molina Araújo, hijo de la exministra, criticó que tras casi 25 años del secuestro y asesinato de su madre, las imputaciones se estén realizando apenas ahora. “La Farc ha hecho reconocimientos muy tímidos y no ha pedido perdón, ni siquiera al pueblo de Valledupar y del Cesar, al que mi madre le pertenecía más que a nosotros”, declaró Molina.
El hijo de ‘La Cacica’ también lamentó que aún no se haya esclarecido completamente cómo ocurrió el secuestro y asesinato de su madre. “Esperamos que la JEP esclarezca realmente lo que pasó, no solo como familia, sino porque la sociedad tiene derecho a conocer la verdad completa”, manifestó.
Este caso subraya la importancia de la justicia transicional en Colombia, que busca no solo hacer justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado, sino también ofrecer una verdad completa a las víctimas y sus familias. A pesar de los avances, el proceso sigue siendo largo y complejo, con muchos retos por delante en la reconstrucción de la memoria histórica del país.
Y.A.
