Los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes son acusados de recibir millonarios sobornos para apoyar iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, en el marco de un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó este martes una orden de captura para los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están presuntamente implicados en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los dos excongresistas enfrentan graves acusaciones de haber recibido sobornos millonarios por su apoyo a las iniciativas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.
El caso que involucra a Name y Calle ha generado gran controversia, ya que ambos son señalados de haber recibido 4.000 millones de pesos provenientes de contratos vinculados a la compra de carrotanques para suministrar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la escasez de agua. Este cuestionado convenio ha sido uno de los principales focos de la investigación que ha expuesto un entramado de corrupción en la UNGRD, una entidad encargada de gestionar el riesgo de desastres naturales en Colombia.
La decisión de la Corte Suprema fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, que determinó que hay suficientes pruebas para imputarles los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. La captura fue solicitada tras el análisis de pruebas que, según la Corte, muestran que ambos congresistas recibieron altas sumas de dinero a cambio de su respaldo político a las reformas impulsadas por el gobierno de Petro. Según las investigaciones, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habría entregado a Calle mil millones de pesos, mientras que a Name le habrían entregado tres mil millones de pesos por su apoyo a las reformas.
“Vamos a estar vigilantes y cumplir con los procedimientos legales”, afirmó el abogado de Calle, quien había solicitado que no se impusiera una medida privativa de la libertad contra su cliente durante la etapa de recolección de pruebas. Sin embargo, la Corte resolvió en contra de la solicitud de la defensa, argumentando que la medida de aseguramiento era necesaria para garantizar el proceso judicial y la no obstrucción de la justicia.
El caso ha tenido un impacto significativo en la política colombiana, ya que Iván Name y Andrés Calle son figuras influyentes dentro del Congreso de la República. El primero fue presidente del Senado y el segundo de la Cámara de Representantes, lo que les permitió tener un papel decisivo en la aprobación de importantes reformas del gobierno. Por ello, la vinculación de ambos en un escándalo de corrupción ha elevado la atención mediática y pública sobre el caso, que ya ha dejado a varias figuras del gobierno y la administración pública en el centro de la controversia.
Además de los cargos contra Name y Calle, el escándalo de corrupción ha llevado a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, a convertirse en testigo clave en el proceso. Pinilla ya fue condenado a más de cinco años de prisión tras lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó haber desviado millonarios recursos de la UNGRD. Este acuerdo de colaboración con la justicia le permitió convertirse en un testigo crucial en el caso.
La investigación ha puesto en evidencia la forma en que los recursos destinados a la gestión del riesgo y el apoyo a comunidades vulnerables han sido desviados hacia prácticas corruptas, lo que ha generado una gran indignación en la ciudadanía. Además, se ha señalado que la corrupción en la UNGRD no solo ha afectado la ejecución de proyectos esenciales para el bienestar de los colombianos, sino que también ha deteriorado la confianza en las instituciones encargadas de la gestión pública.
El proceso judicial contra Name y Calle continuará bajo la supervisión de la Corte Suprema de Justicia, que definirá en las próximas semanas los pasos a seguir en este escándalo de corrupción. Mientras tanto, los dos congresistas deberán enfrentar el proceso judicial que determinará si son culpables de los cargos que se les imputan.
Este caso se suma a una serie de investigaciones de alto perfil en Colombia, donde la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas que afectan al país, y plantea un desafío para el gobierno de Gustavo Petro, que ha prometido luchar contra las prácticas corruptas en todos los niveles del Estado.
En las próximas horas, se espera que Iván Name y Andrés Calle sean presentados ante un juez con función de control de garantías, quien deberá realizar la respectiva audiencia de control de legalidad de las capturas.
Y.A.
