Millonarios contratos con nombres reciclados, conexiones familiares y padrinazgos políticos configuran el oscuro entramado que mantiene a miles de niños guajiros sin transporte escolar mientras las élites locales se reparten el botín público.
Contratos, familiares y padrinos políticos: esa es la trilogía infame que resume el drama del transporte escolar en La Guajira. Una región donde miles de niños indígenas caminan por horas para llegar a clases, mientras en las oficinas de la Gobernación se teje, una vez más, una licitación a medida para las empresas amigas del poder. El proceso LP-004-2025, con un presupuesto que supera los 49.600 millones de pesos, promete atender a 10.800 estudiantes en 369 rutas. Pero más allá de la promesa, lo que se vislumbra es la repetición de una fórmula: cambio de razón social, los mismos dueños, los mismos políticos, y los mismos niños caminando.
La historia ya la hemos visto antes. Se repite como un libreto sin final feliz. En el centro de esta trama se encuentra Transportes Relaturg, una empresa con largo historial en el negocio del transporte escolar en la región. Relaturg se alzó con el contrato 2023-2024 al aliarse con Expreso Caribe Radiante, cuyo representante legal hasta hace poco era el hoy diputado Daniel Ceballos. La cercanía entre política y negocio no es casual: es estructural. Tras denuncias por posibles irregularidades y una queja ante la Procuraduría General de la Nación, la empresa cambió de nombre y representante legal. Pero el diputado Ceballos seguiría, según fuentes, como accionista.
La Guajira repite el libreto: cambian los nombres, no los favores
En la nueva licitación, el patrón se repite. ATLANTI, la nueva cara de Expreso Caribe Radiante, reaparece aliada nuevamente con Relaturg. Una unión temporal que en el papel parece diferente, pero en los hechos es idéntica. Cambian los nombres, pero no los intereses. Y mucho menos, los beneficiarios.
Relaturg no es una empresa cualquiera. Fundada por Édgar Acosta Romero, primo del exministro Amílkar Acosta y exconcejal, hoy está en manos de sus hijas, aunque las fuentes aseguran que el patriarca continúa operando como asesor. Su historial está teñido de denuncias: uso de vehículos en mal estado, presentación de documentos presuntamente falsos, contratación de conductores menores de edad y nexos directos con figuras políticas regionales.
Uno de los nombres que se entrelaza con este entramado es el de Rita Deluque López, prima del senador Alfredo Deluque. Rita ha sido apoderada de Relaturg y, al mismo tiempo, jefa de contratación en la Gobernación de La Guajira. Un conflicto de interés tan flagrante como indignante.
Las conexiones no terminan ahí. El actual gobernador de La Guajira, según nuevas denuncias, habría recibido apoyo político por parte de Relaturg durante su campaña. Algunos de sus familiares cercanos estarían vinculados a la estructura interna de ATLANTI, la “nueva” empresa que reemplaza a Expreso Caribe Radiante, con la que Relaturg vuelve a participar en el proceso licitatorio.
El diputado Daniel Ceballos, ahora legislador, no ha desaparecido del panorama. Por el contrario, su nombre sigue en el centro del huracán. Fue, hasta hace poco, el representante legal de la empresa aliada de Relaturg. Ahora, con un nuevo nombre en la fachada, vuelve al ruedo, con la experiencia adquirida y, presuntamente, con los contactos conservados.
Monopolio disfrazado: el transporte escolar de La Guajira como botín político
La modalidad de esta contratación ya tiene nombre: “contrato sastre”. Una expresión popular que describe cómo se diseñan licitaciones a la medida de los “amigos”. En este caso, los requisitos del proceso LP-004-2025 parecen hechos para favorecer a un solo proponente. Entre ellos: haber ejecutado contratos por más de 24.800 millones de pesos, tener experiencia en al menos ocho municipios étnicos, y cumplir con atención diferencial según la Resolución 000318 de 2017. Condiciones imposibles para cualquier empresa externa, pero no para el combo Relaturg–ATLANTI.
Todo esto sucede mientras en los municipios de Nazareth, Uribia, Maicao y otras zonas rurales, los niños siguen sin acceso al servicio. Caminan kilómetros para asistir a clases. En ocasiones, los padres improvisan con animales o vehículos inseguros. Lo que en los papeles es “cobertura total”, en la realidad es un despliegue de abandono. La postal más cruda fue publicada por FECODE el 30 de junio de 2024: niños trasladándose en un “carro burro”, símbolo del atraso, pero también de la resistencia.
Este drama no es solo logístico. Es también alimentario. Muchos de estos niños no solo buscan educación, sino también comida. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es, para miles de familias, el único sustento diario. Por eso el transporte no es solo un medio: es un derecho fundamental, hoy violado de forma sistemática.
El proceso LP-004-2025 no es un trámite más. Es la reproducción de un modelo clientelista, en el que los recursos públicos se distribuyen entre los aliados del poder, disfrazados de empresarios. Con uniones temporales camufladas, empresas fachada y requisitos a medida, se perpetúa un monopolio que solo cambia de piel, pero no de esencia. Lo constante es que los niños siguen siendo los grandes perdedores.
¿Dónde está la Superintendencia de Transporte? ¿Qué hace la Contraloría General de la República ante un proceso que huele a favoritismo y colusión? ¿Qué papel jugará la Procuraduría en un escenario donde hay serios indicios de conflicto de interés, nepotismo y corrupción estructural?
Los contratos millonarios se quedan en familia, los niños siguen caminando
La Guajira no necesita más contratos millonarios para los mismos. Necesita una reforma profunda del sistema de contratación pública, que garantice transparencia, competencia real y resultados verificables. Urge una intervención del orden nacional que priorice a los niños sobre los clanes, y a la ética sobre la conveniencia política.
La tragedia del transporte escolar en La Guajira no es un accidente. Es el resultado de una estructura diseñada para excluir, robar y mentir. Los nombres cambian, los apellidos se repiten, las empresas se maquillan. Pero el drama sigue siendo el mismo: mientras los políticos viajan en camionetas blindadas, los niños siguen caminando bajo el sol ardiente del desierto.
Y.A.
