Por JUAN C. RESTREPO
El gobierno Petro se caracteriza por la irresponsabilidad como viene manejando el tema de los subsidios. Es lo propio de un lenguaje populista, en el que se ofrecen pajaritos de oro envueltas en el papel celofán de subsidios. Pero que luego quedan en lo que son: en nada.
Un buen ejemplo de ello es la propuesta de transformar el subsidio a los consumos de energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3 (que por lo demás este gobierno no los está pagando y tiene reventadas a las empresas distribuidoras), por un subsidio que consistiría en dotar a los hogares de estratos 1, 2 y 3 de paneles solares en sus techos.
La idea parece vistosa a primera vista, pero está lejos de poderse ejecutar. El subsidio pagado en paneles solares escasamente podría cobijar el 2% de los hogares potencialmente beneficiarios (estratos 1, 2 y 3).
¿y el 98% restante qué?
Está bien que se fomente la instalación de techos solares en los hogares pobres del país (crédito barato, por ejemplo) para moderar sus cuentas de energía.
Pero pretender que esto se va a hacer sustituyendo todo el subsidio establecido por la ley es un engaño burdo que el gobierno le está haciendo a los hogares pobre de Colombia.
Desde el punto de vista fiscal, el costo promedio de un sistema solar para un hogar tipo (4-5 personas) ronda los 30 millones de pesos. Si se destinaran los aproximadamente 6 billones de pesos que actualmente se invierten en subsidios anuales a la compra de paneles, solo podrían beneficiarse cerca de 200.000 hogares. Esto representa menos del 2% de los aproximadamente 13 millones de hogares que actualmente reciben subsidios en energía, dejando al 98% restante desprotegido frente a las tarifas del mercado, que son, en promedio del doble del valor facturado. (60% de subsidio en estrato 1 y 50% de subsidio en estrato 2).
Resulta mucho más lúcido “abstenerse de votar la consulta” y mejorar más bien los mínimos laborales queridos mediante una ley, sobre la cual ya están andando iniciativas en el Congreso.
Las condiciones laborales de los trabajadores colombianos que sean convenientes se pueden lograr por la vía legislativa, que es la manera correcta para tramitar modificaciones al código laboral.
Nos ahorraríamos inmensos costos fiscales de la consulta (la contraloría los calcula en $ 700.000). Y un baño de populismo y agitación estéril durante un semestre en Colombia.
La ley ordena que toda norma que comporte gasto público debe ser cuantificado en la exposición de motivos. De allí la necesidad del aval que es deber del ministerio de hacienda presentar y si esta estimación de costos se elude la ley puede ser tachada de inconstitucional.
Si lo anterior es así, con mucha mayor razón los costos de cada una de las preguntas sometidas a la ciudadanía en la “consulta popular” deben ser escrupulosamente cuantificados. Cosa que NO se ha hecho.
