La extracción ilegal de piedras en la vía entre Cerro de San Antonio y Pedraza pone en riesgo una obra rehabilitada con más de 7 mil millones de pesos. ¿Qué hacen las autoridades frente a esta calamidad?
La carretera que conecta Cerro de San Antonio con Pedraza, en el Magdalena, se hunde ante los ojos de la comunidad, la misma que, con la esperanza de una infraestructura renovada, vio cómo una inversión de más de 7 mil millones de pesos en su rehabilitación se va desmoronando, literalmente, por la acción de quienes deberían ser los primeros en protegerla: las autoridades. Apenas un año después de ser reconstruida, la carretera ya está irreconocible, y no por el paso de los vehículos, sino por la extracción ilegal de piedras que socava su base, dejándola vulnerable al colapso.
Desde las primeras horas del día hasta el anochecer, la actividad se repite. Los habitantes de la región, sin ningún tipo de control, llenan sus costales con piedras extraídas de la misma estructura de la vía para luego comercializarlas con constructores en los municipios cercanos. Esta práctica, que no tiene ningún tipo de sanción, está desgastando la base de la carretera, debilitando su resistencia y acelerando un daño que debería haberse evitado.
Juan Francisco Fuentes, un ganadero local, describe con impotencia la situación: «Esto es de todos los días. La gente viene, llena sus costales con las piedras de la vía y se va. Nadie les dice nada, nadie controla nada. Aquí estamos a la ley del chivo». Sus palabras, cargadas de frustración, reflejan la pasividad de las autoridades ante lo que parece ser una destrucción anunciada.
Lo más grave de este panorama es que las alcaldías de Cerro de San Antonio y Pedraza están al tanto de la situación. Sin embargo, no han tomado ninguna medida efectiva para frenar la extracción ilegal de piedras. A pesar de los reiterados reclamos de la comunidad, las autoridades se limitan a observar mientras el daño se profundiza, mientras la obra recién rehabilitada se convierte en un testimonio de la ineficiencia y el abandono.
La excusa de que los problemas de orden público en la zona dificultan la intervención de las autoridades es una respuesta vacía, que más que una justificación, refleja una falta de voluntad política. El abandono de esta carretera, que se supone debía ser una palanca de desarrollo para la región, no solo es una afrenta a los recursos públicos, sino también a la dignidad de los habitantes de estas comunidades que, tras años de marginación, se vieron finalmente beneficiados con esta inversión.
La temporada de lluvias se avecina, y con ella, el temor de un colapso total de la carretera. Las lluvias, que suelen afectar la infraestructura, podrían hacer más rápido el daño estructural que ya está ocurriendo. El pavimento, ya debilitado por la extracción ilegal de piedras, no resistirá la presión del agua y el tráfico. Y, sin duda, esto solo será un nuevo síntoma de una región abandonada por el Estado, que prefiere mirar hacia otro lado antes que intervenir y proteger las inversiones que, al final, son para beneficio de la población.
Es urgente cuestionarse quiénes son los verdaderos responsables de esta situación. ¿Dónde está la intervención estatal? ¿Por qué no se han tomado medidas correctivas para proteger la infraestructura? ¿Cuál es el precio de la falta de control y de acción de las autoridades locales y regionales? La falta de inversión en seguridad, en control y en vigilancia ha dejado abierta la puerta para que actividades ilegales como la extracción de piedras se conviertan en una práctica diaria, deteriorando irremediablemente la infraestructura que tanto costó levantar.
La sociedad civil no puede seguir esperando a que el Estado reaccione cuando los daños ya sean irreparables. Las comunidades del Magdalena no deben seguir siendo testigos pasivos del abandono de sus recursos y de las obras públicas. Si se quiere un verdadero progreso, si se busca que las inversiones no sean solo cifras en un papel, sino que se traduzcan en mejoras palpables, es necesario que las autoridades locales y nacionales asuman su responsabilidad.
La pregunta es clara: ¿quién pagará el precio de esta inversión perdida? Mientras tanto, los costales siguen llenándose y la carretera sigue vaciándose. ¿Quiénes son los culpables de esta calamidad? ¿Qué se espera para tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde?
Y.A.
