El informe presentado en Cúcuta por la defensora Iris Marín Ortiz revela la magnitud de la crisis generada por la violencia de grupos armados como el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, convirtiéndose en la peor registrada en Colombia según cifras oficiales.
La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, vive una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente, según reveló un informe presentado por la Defensoría del Pueblo. En un acto realizado en la ciudad de Cúcuta, la defensora Iris Marín Ortiz calificó la situación como la «más grande emergencia humanitaria del país desde que se tiene registro oficial», detallando que en lo corrido del año se han registrado 64.783 personas desplazadas, 12.913 confinadas y 117 homicidios en esta zona fronteriza con Venezuela.
El informe, titulado ‘El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario’, destaca las violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario derivadas del accionar violento del ELN y del Frente 33 de las disidencias de las FARC, quienes se disputan el control territorial mediante métodos de guerra no convencionales que afectan gravemente a la población civil.
La magnitud de la crisis es tal, que según la Defensoría, mientras que en todo el país se reportaron 25.611 desplazamientos forzados entre enero y abril de 2024, en el Catatumbo se presentaron 39.172 casos más solo durante ese mismo periodo. Esta cifra evidencia el impacto desproporcionado que esta región sufre frente al resto del país.
El documento también identifica tres escenarios de riesgo que agravan la situación humanitaria:
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Intensificación de la disputa territorial, especialmente en los municipios de Tibú y El Tarra, donde se ha documentado el uso de armas no convencionales, amenazas a civiles, y ataques en zonas habitadas.
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Consolidación territorial del ELN, organización armada ilegal que ha afianzado su presencia en Ocaña, Convención y Sardinata, imponiendo restricciones a las libertades básicas de la población y ejerciendo un control social de facto.
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Riesgo de incursión del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) desde regiones cercanas como el sur del Cesar, Bolívar y el Magdalena Medio, lo que podría generar un nuevo ciclo de violencia al sumar un tercer actor armado al conflicto territorial.
Entre los hechos más alarmantes denunciados se encuentran el uso de drones con explosivos, instalación de minas antipersonales, presencia de armamento en zonas escolares y pobladas, así como casos de violencia sexual, trata de personas, trabajo forzado y el reclutamiento forzado de menores, que ya asciende a 42 casos documentados. También se reporta una grave situación de desprotección a los firmantes de paz y líderes sociales, así como ataques contra comunidades indígenas, especialmente el pueblo Barí.
La Defensoría también advirtió sobre la dramática disminución de firmantes de paz en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Caño Indio, donde solo permanecen 41 personas, pese a que en diciembre de 2024 había 464. La situación se agrava con el desplazamiento de 223 núcleos familiares, el confinamiento de 172 firmantes y el traslado de 18 por razones de seguridad.
En el marco de este panorama, la Defensoría emitió un conjunto de recomendaciones urgentes, entre las que destaca la necesidad de que la Unidad de Víctimas identifique y caracterice a los afectados, sus ubicaciones y sus necesidades específicas, para así brindar una atención efectiva. Igualmente, solicita el fortalecimiento de la Fuerza Pública en la zona y medidas más contundentes para proteger a firmantes del acuerdo de paz y a los líderes sociales que hoy enfrentan una situación crítica de vulnerabilidad.
Una de las advertencias más importantes del informe es la necesidad de que el Gobierno nacional defina con claridad los términos y la ubicación de la anunciada Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33, tal como fue mencionado por el presidente Gustavo Petro la semana pasada. La Defensoría considera que cualquier medida de este tipo debe ir acompañada de garantías para la población civil y de mecanismos efectivos de verificación y protección.
Este informe no solo pone en evidencia la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo, sino que interpela al Estado colombiano a actuar de manera inmediata, articulada y con enfoque territorial, para evitar que la situación continúe agravándose. La historia reciente del país ha mostrado que el abandono institucional en regiones vulnerables como esta termina siendo terreno fértil para que grupos armados ilegales impongan su ley a sangre y fuego.
El Catatumbo clama hoy por justicia, atención y presencia del Estado. Las cifras son más que alarmantes; son el retrato de una población atrapada entre el fuego cruzado, con derechos pisoteados y un horizonte cada vez más incierto.
Y.A.
