Al tiempo que avanza una escalada violenta contra miembros de la fuerza pública en varias zonas del país, en el departamento del Chocó se viven horas de tensión por cuenta del paro armado decretado por el ELN desde el mediodía de este 2 de mayo y que se extenderá por 72 horas.
Aparte de las voces de rechazo de autoridades regionales frente a este tipo de medidas que ponen en riesgo a la población civil y vulneran el acceso a derechos fundamentales, quien más recientemente se pronunció fue la Defensoría del Pueblo.
Desde el Ministerio Público destacaron que alrededor de 32.000 personas de 153 comunidades se están viendo afectadas por estas acciones violentas en las márgenes del río Baudó y sus afluentes. Al respecto, se pronunció Jenny Rivas, secretaria del Interior de este departamento.
«Estas cifras son alarmantes porque es un número grande de población que tendríamos en medio de un conflicto donde ellos no tienen absolutamente nada que ver», indicó Rivas.
