La exconsejera presidencial denuncia que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo estaría encubriendo a los poderosos implicados en el escándalo de la UNGRD, mientras ella enfrenta sola las consecuencias judiciales.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones del gobierno de Gustavo Petro, ha decidido alzar la voz. Desde su lugar de reclusión, denuncia lo que considera una alarmante injusticia: “Soy la única imputada… ¿y los demás?”, declara con firmeza.
Su afirmación no es una simple queja, sino una denuncia directa contra la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, a quien señala de actuar con sesgo y de “querer proteger a alguien” en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ortiz no se limita a expresar inconformidad: ha solicitado públicamente la designación de un fiscal ad hoc, tras perder la confianza en la entidad que, según ella, “hizo un trabajo juicioso en equipo” con sus abogados y luego cambió inexplicablemente de postura. «Cuando entregamos las pruebas, nos abrazamos con la fiscal del caso. Hoy me tildan de chantajista. ¿Será que estoy hablando con otros fiscales?», cuestiona.
Su relato describe un proceso en el que entregó una matriz de colaboración con información que salpica a figuras de alto perfil como Iván Name, presidente del Senado; Carlos Ramón González, director del DAPRE; y el magistrado Vladimir Fernández, miembro de la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de la contundencia que asegura tienen sus pruebas, afirma que solo ella ha sido imputada en la investigación.
“Estoy enfrentada a los hombres más poderosos de este país y a mujeres con dinero e intereses. Dios me dio fuerza para hablar. Hoy me sorprende ver cómo esa Fiscalía con la que trabajamos ahora dice que mis pruebas son contradictorias”, señaló. En sus palabras resuena no solo una crítica al sistema de justicia, sino también una denuncia sobre el abandono estatal. “Estoy sola, abandonada por el Gobierno, enfrentando esto como madre separada de dos hijas”, dice.
Uno de los elementos más graves que plantea Ortiz es su sospecha de que la fiscal Camargo estaría interesada en proteger a Vladimir Fernández, quien, según ella, tuvo un papel clave en la elección de la propia Camargo como fiscal general. Aunque evita entrar en detalles por restricciones judiciales, deja entrever que posee información relevante: “Sí, tengo información, claro que la tengo, pero lo diré en su momento”.
Las pruebas entregadas por Ortiz ya fueron parcialmente reveladas por la revista Semana, y su contenido, según afirma, “es claro, conciso y comprobable”. Asegura que no fueron filtradas ni por ella ni por su abogado, Oswaldo Medina, y recalca que se construyeron de la mano de los fiscales, incluidos Gabriel Sandoval y María Cristina Patiño, quienes, según ella, hoy se comportan de forma completamente distinta. “Los desconozco totalmente. Vi a la fiscal muy nerviosa. Algo está pasando”, afirma.
La situación es más que un cruce de versiones. Ortiz teme por su vida y por la de su familia. Asegura que hasta ahora no se han cumplido las promesas de protección para sus hijas, a pesar de que pidió explícitamente que se les brindara seguridad. “Quiero insistir en la protección para mis hijas. El presidente Petro siempre ha dicho que lucha por los derechos humanos. Hoy le pido que las proteja”, implora.
Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que las declaraciones de Ortiz no son coherentes y han insinuado la existencia de presiones indebidas. Ella rechaza esa versión de manera tajante: “Una mujer como yo, encerrada en cuatro paredes, ¿cómo puede chantajear a una entidad tan poderosa? Es absurdo”.
Para Ortiz, todo lo ocurrido apunta a una justicia selectiva, en la que algunos sí enfrentan las consecuencias y otros permanecen intocables. “Esta justicia se vuelve selectiva, para unos sí y para otros no. ¿Qué quieren ocultar o a quién quieren proteger?”, se pregunta en voz alta, reiterando que no se va a callar: “Le prometí a Dios que iba a decir la verdad y lo voy a cumplir”.
La exconsejera insiste en que lo que se vive es una especie de encubrimiento institucional. Según ella, los intereses dentro de la Fiscalía están impidiendo que el país conozca toda la verdad del entramado de corrupción en la UNGRD, donde otros protagonistas clave como Sneyder Pinilla y Olmedo López ya han hecho declaraciones que salpican a altos funcionarios del Estado.
Con el eco de sus palabras, Ortiz deja una pregunta latente que pone en duda el accionar de la justicia colombiana: “¿Por qué solo yo? ¿Por qué no los demás?”. Y con ese cuestionamiento, lanza un mensaje que interpela directamente a las instituciones: “Cuando la Corte Suprema de Justicia vea las pruebas, van a entender que sí hubo intereses. Estoy segura de ello”.
Mientras tanto, el país espera que los organismos de control, como la Comisión de Acusaciones, actúen con independencia frente a los señalamientos de Ortiz. Ella, por su parte, reitera su disposición de entregar nuevamente toda la información que ya compartió con la Fiscalía, ahora en otros escenarios judiciales, donde confía en que sí se valorará su aporte y se investigará a fondo a los verdaderos responsables.
Lo que está en juego, según Ortiz, no es solo su libertad, sino la verdad sobre un escándalo de corrupción que podría comprometer a algunas de las figuras más influyentes del poder público colombiano.
Y.A.
