Los exjefes guerrilleros presentaron una tutela contra la JEP, alegando vulneración de derechos procesales. La controversia surge tras el cónclave en Palomino, donde se definió una resolución única de conclusiones por compareciente.
En medio de una creciente tensión jurídica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enfrenta a un nuevo pulso con el exsecretariado de las Farc, quienes presentaron una acción de tutela contra la decisión adoptada por el tribunal después de un cónclave celebrado en Palomino, La Guajira. Este encuentro, de carácter privado, tuvo como propósito definir estrategias para avanzar en la imposición de sanciones propias a los comparecientes de las extintas Farc-EP y miembros de la fuerza pública, hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La controversia gira en torno a la resolución anunciada el pasado 7 de abril de 2025, en la que la JEP decidió emitir una única resolución de conclusiones por compareciente, incorporando en ella, como otrosí, la desagregación de los patrones criminales asociados. Esta fórmula, diseñada para agilizar los procesos y evitar la fragmentación de los casos, fue recibida con críticas por los excombatientes, quienes sostienen que dicha decisión les fue comunicada mediante un oficio administrativo, y no a través de una providencia judicial formal, lo que consideran una vulneración al debido proceso.
Según los argumentos presentados por Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Pastor Alape, miembros del ahora partido Farc, el procedimiento adoptado por la JEP desconoce principios jurídicos esenciales como el de legalidad, celeridad y el derecho al juez natural. En la tutela presentada, solicitan a la Sección de Revisión del tribunal que suspenda los procesos judiciales actuales mientras se resuelve de fondo su situación, alertando sobre la falta de seguridad jurídica y la imposición de cargas procesales repetitivas debido a la persistencia en emitir resoluciones parciales por cada macrocaso.
Además de estos cuestionamientos, los ex-Farc reclamaron la falta de pronunciamiento sobre un segundo aspecto clave: la renuncia a la persecución penal de las bases guerrilleras no seleccionadas como responsables determinantes. Según alegan, la indefinición en este punto contribuye a mantener en el limbo jurídico a miles de excombatientes, impidiendo la culminación del proceso de reincorporación y justicia transicional.
La JEP, por su parte, defendió la legalidad del procedimiento. En una respuesta firmada por el presidente del tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, se subraya que la decisión fue producto de una “articulación institucional” entre las diferentes Salas y Secciones, buscando garantizar respuestas judiciales consistentes y brindar seguridad jurídica a los comparecientes. Ramelli también cuestiona el momento en el que se presenta la tutela, justo cuando se aproxima el plazo para que los excomandantes reconozcan su responsabilidad por hechos como el reclutamiento de menores y la violencia sexual intrafilas.
En su misiva, Ramelli argumenta que aceptar la solicitud de medida cautelar implicaría un “daño desproporcionado” a la estructura jurídica de la JEP, al tiempo que perjudicaría los derechos de las víctimas que esperan justicia desde hace años. Subrayó que frenar los procesos también iría en contravía del estricto cronograma que rige a esta jurisdicción especial, que planea emitir sus primeras sanciones en el segundo semestre del año.
Cabe recordar que el retiro en Palomino fue duramente cuestionado por el costo de los viáticos, aunque la JEP aclaró que estos fueron cubiertos por una organización privada sin vínculos con el gobierno de Estados Unidos, negando así cualquier posible injerencia o gasto estatal en el encuentro.
Este nuevo choque jurídico pone en evidencia las tensiones internas del modelo de justicia transicional colombiano. Mientras el tribunal intenta consolidar una metodología única que acelere las resoluciones judiciales sin comprometer las garantías procesales, los comparecientes del exsecretariado insisten en que se están vulnerando derechos fundamentales, lo que podría comprometer no solo su situación legal, sino la legitimidad misma del tribunal.
A medida que se acerca la fecha para las primeras decisiones sancionatorias, el desenlace de esta tutela será crucial para el futuro de la JEP y el cumplimiento de su mandato central: verdad, justicia, reparación y no repetición. Si la Sección de Revisión falla a favor del exsecretariado, el calendario judicial podría sufrir un nuevo y profundo retraso, poniendo en riesgo la confianza en una de las instituciones más importantes del Acuerdo de Paz.
Y.A.
